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Aunque existen avances en la protección de candidatos, es necesario que aspirantes, partidos y autoridades refuercen mecanismos para prevenir violencia en las elecciones de 2023 y 2024.
Así lo establece una investigación de El Colegio de México basada en 32 asesinatos de aspirantes a cargos de elección en el proceso de 2021, en la que advierte que si bien funcionaron los programas lanzados por autoridades federales y estatales en seguridad, hay fallas que deben corregirse.
En el reporte, que se presentará este miércoles, se indica que algunos los precandidatos y candidatos recibieron amenazas, por lo que, se considera, pudieron tomarse medidas.
Por ello, se sugiere a los contendientes acercarse a sus partidos, secretarías de seguridad o autoridades electorales, a la más mínima advertencia.
Los investigadores recuerdan que la autoridad electoral tiene un papel limitado en materia de seguridad.
Se deberían, indican, realizar mapas de riesgo, pero no por los institutos electorales, pues esto pondría en riesgo al personal que levanta datos, dado que los delincuentes podrían atacarlos en campo.
«Esta tarea recae en las autoridades encargadas de la seguridad que deberían abocarse a fortalecer la metodología para el análisis y evaluación de riesgo de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular», se establece en el estudio.
«México necesita una homologación de la metodología para el análisis del riesgo».
Este trabajo debería basarse en la Estrategia de Protección en Contexto Electoral implementada por la Secretaría de Seguridad federal en 2021, recomendaciones de activistas, reportes estatales y experiencias de otros partidos.
Para la elección de 2023, se apunta, partidos y autoridades deberían capacitar a candidatos sobre riesgos de violencia, protocolos y rutas de acción.
De inmediato, debido a que la campaña comienza el 2 de abril, es importante contar con mapas de riesgo de los municipios más conflictivos en Coahuila y Estado de México.
Las autoridades de seguridad de ambas entidades deben unir esfuerzos, visibilizar la información.
Para la elección de 2024, en la que estarán en juego más de 20 mil cargos contabilizando regidurías y sindicaturas, los partidos, se advierte en el reporte, deberían tener mayores filtros para elegir a los candidatos, pues se detectó que en algunos casos de aspirantes asesinados, el partido local ni siquiera los conocía.
Además, se agrega, al contar con recursos públicos, los institutos políticos tienen la posibilidad de dar seguimiento constante a la situación de seguridad o vulnerabilidad de los contendientes.
De acuerdo con la investigación, algunos de los aspirantes tenían antecedentes penales, y pudo ser una causa del crimen, otros fueron ex titulares de áreas de seguridad y algunos más tenían rencillas personales con actores políticos.
«Es indispensable moderar la belicosidad de los discursos políticos. La polarización y las agresiones verbales crean un contexto adecuado para la violencia electoral. No está por demás apelar a los partidos políticos nacionales y locales a firmar pactos públicos de civilidad».
Por su parte, las autoridades electorales podrían colaborar con los gobiernos para determinar las medidas de seguridad.
También proponen crear foros de discusión sobre la problemática de la seguridad en diferentes entidades.
Sobre experiencias internacionales, recuerdan el caso de Colombia, en 2019, cuando el Ministerio del Interior creó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.
Éste se encargó de estudiar y evaluar los casos de candidatos inscritos, coordinó medidas preventivas, la ruta de protección en casos de violencia y capacitó a aspirantes.
Agencias
