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El depósito en una calle muy transitada de talleres de reparación de autos y tiendas pasa casi inadvertido.
Adentro, cientos de migrantes comen, cargan sus teléfonos, se bañan y usan los baños. En cuestión de horas, un guardia los escoltará a un descampado cruzando la calle donde se montarán en autobuses que los llevarán desde Eagle Pass hasta el Aeropuerto Internacional de San Antonio por 40 dólares.
La Patrulla Fronteriza libera hasta mil migrantes diariamente a través de Mission: Border Hope, una organización sin fines de lucro surgida en una iglesia que en abril se trasladó al depósito. El traslado fue en respuesta a una creciente práctica del gobierno de Joe Biden de liberar migrantes bajo palabra, sobre todos los que no están sujetos a normas de la pandemia que les impiden pedir asilo.
La Patrulla Fronteriza liberó bajo palabra a más de 207,000 migrantes que ingresaron ilegalmente desde México entre agosto del 2021 y mayo del 2022, incluidos 51,132 en mayo, lo que representa un aumento del 28% respecto a abril, según documentos judiciales. En los siete meses previos había liberado a solo 11 migrantes.
La libertad bajo palabra evita que los migrantes sean deportados durante cierto tiempo, pero no ofrece otros beneficios. Por ley, el Departamento de Seguridad Nacional puede liberar a los migrantes bajo palabra «por razones humanitarias» o porque su liberación representa «un beneficio público significativo». Una vez liberados bajo palabra, los migrantes tienen un año para solicitar asilo.
La Patrulla Fronteriza apeló a este recurso porque no tiene espacio para alojar a tantos migrantes, según documentos legales. Se trata de un giro poco publicitado respecto a las políticas seguidas por los predecesores de Biden, Donald Trump y Barack Obama.
Cuando no se pudo procesar las presentaciones de los migrantes ante un juez lo suficientemente rápido el año pasado, miles de ellos fueron retenidos debajo de un puente en el Rio Grande Valley de Texas. En el 2019, las celdas estaban tan colmadas que algunos migrantes se pararon en inodoros.
A los migrantes liberados en el depósito se les dice que se presenten ante las autoridades inmigratorias del sitio donde vayan dentro de dos meses. Deben llevar un aparato que permite monitorear sus movimientos.
«El trato estuvo bien», dijo Anthony Montilla, un venezolano de 27 años. «No nos trataron como ladrones».
Montilla llegó con su familia tras un viaje que incluyó un paso por el temido Tapón de Darién, donde bandidos violaron a muchachas jóvenes delante de sus padres y había cadáveres a lo largo del camino. Luego de ser liberada por la Patrulla Fronteriza, la familia se encaminó a la casa de un amigo en Washington.
José Castillo, de 43 años, llegó desde Nicaragua con su esposa y un hijo de 14 años tras superar el miedo a cruzar el río Bravo. Se dirigían a Miami, donde vive un primo. Dicen que su oposición al gobierno nicaragüense los expone a represalias.
Castillo dijo que el día que pasaron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza fue «fácil», pero que no le recomienda a nadie que siga sus pasos por el peligro que se corre de pasar hambre o ser secuestrado en México.
Agencias
