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En virtud del avance en los trámites para integrar nuevos asentamientos humanos al plano oficial de la ciudad, este año podría pasar a regularización un nuevo paquete, con lo que se superan las 500 colonias en Matamoros.
Alma Alarcón Serna, comisionada en este tema, informa que las colonias de nueva creación, como Rinconada de San Juan, Lucio Blanco, Las Cuatas, Golfo Oriente, El Nuevo Mezquital, Esperanza y 2 de Agosto se han creado tanto en zona ejidal como en propiedad privada, por lo cual se tiene que lograr un buen entendimiento entre los habitantes actuales y los dueños o posesionarios, para formalizar la cesión de derechos.
Se entiende que se trata de cubrir la necesidad de vivienda de las familias que habitan en dichas comunidades irregulares, por lo cual la autoridad les apoya a fin de que puedan acceder a los servicios públicos.
Ya van muy avanzados los trámites para lograr este procedimiento, la investigación sobre cada caso particular, a fin de dar pie a la escrituración.
Alarcón explica que es muy importante lograr la incorporación de dichas comunidades al plano de la ciudad, ya que por un lado, la familia logra darle seguridad jurídica a su patrimonio, mientras que la autoridad amplía la recaudación del Impuesto Predial, que es la principal fuente de ingresos para proporcionar servicios como limpieza, seguridad, alumbrado y otros.
Tributo
Los nuevos propietarios estarán por su parte, en condiciones de poder promover la introducción de los servicios públicos a sus colonias, donde uno de los principales requisitos es que ya formen parte oficial del mapa de la ciudad.
Para las familias es además un acto de justicia la legalización de sus terrenos, porque durante años han estado solicitando dicho reconocimiento, pero por temas como burocracia, no había procedido, por lo cual han retrasado el desarrollo urbano de su área.
No se ha definido cuántas familias en total se benefician, ya que eso no lo define la cantidad de lotes de cada colonia, pues hay quienes tienen dos, tres o más predios.
Además, como la política de los programas oficiales de legalización otorga precios subsidiados sólo por un terreno a una familia, y los restantes se cobran a tarifa comercial, independientemente de que sean de uso habitacional o de negocio, hay quienes prefieren “ceder sus derechos” a otra persona.
