En un fallo que marca un antes y un después en la política migratoria reciente, una jueza federal de California ha ordenado detener temporalmente las redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) venía llevando a cabo en varias comunidades del estado desde junio.
La decisión responde a una demanda impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en nombre de ciudadanos y gobiernos locales que denunciaron abusos por parte de las autoridades migratorias. Desde el 6 de junio, el condado de Los Ángeles ha desembolsado más de 9 millones de dólares en gastos extra, que incluyen desde horas extras en seguridad pública hasta pérdidas en ingresos fiscales.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal del Distrito Central de California, no dejó espacio a interpretaciones en su dictamen y señaló que cualquier detención debe ajustarse a los principios de la Cuarta Enmienda, que prohíbe arrestos arbitrarios. Es decir, ICE no podrá detener a ninguna persona sin una sospecha razonable de que se encuentra en el país sin autorización legal.
Además, emitió dos órdenes clave:
-Prohíbe las detenciones migratorias sin justificación legal válida.
-Obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a asegurar que toda persona detenida tenga acceso a representación legal mientras esté bajo custodia en el edificio federal del centro de Los Ángeles.
Agencias
