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Un juez federal ordenó la aprehensión del ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que la orden de captura fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por los probables delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura, misma que fue otorgada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur.
Mencionaron que al agente del Ministerio Público Federal presume que Gualberto Ramírez estuvo presente cuando El Cepillo fue torturado, asunto por el cual también hay orden de aprehensión contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zeron de Lucio.
Hace unos días, Ignacio Mendoza Gandaria, ex mando del Cisen y actual funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no se conectó virtualmente a la audiencia donde iba a ser imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas, también relacionados con el caso de Felipe Rodríguez Salgado.
En el sexenio pasado, Gualberto Ramírez, quien estaba a cargo de la Unidad Antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), fue el encargado de enviar un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, en el que se pidió el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) para que buscara en sus bases de datos si algún normalista estaba involucrado en actividades delictivas.
La citada Unidad tenía en sus manos diversas indagatorias relacionadas con el secuestro de los normalistas y sobre las organizaciones delictivas que operan en el estado de Guerrero.
Tras el requerimiento de las autoridades mexicanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió:
“En cumplimiento a su pedido, se hizo una revisión de nuestros archivos con el propósito de determinar si existen registros o antecedentes penales de alguno (s) de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
“Le informo que no se encontró ningún registro de ninguno de los estudiantes”, subrayó el Departamento de Justicia en el expediente 163E-MX-5679088.
A finales de 2019, Gualberto Ramírez también fue señalado por la Fiscalía General de la República de formar parte de una presunta red conformada por servidores públicos federales, locales y empresarios, para dañar a una de las familias más ricas del país.
Los fiscales aseveraron ante Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del CJPF del reclusorio Sur, que agentes de Interpol-México, en coordinación con autoridades de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Seido, “fabricaron” y “sembraron” pruebas, de manera dolosa y “maquiavélica”, “manipulando” información entregada por las agencias ICE y ATF de Estados Unidos para combatir a una organización dedicada al tráfico de armas.
Los fiscales explicaron que, para lograr el objetivo, los servidores públicos federales “engañaron” al Poder Judicial de la Federación para obtener órdenes e intervenir las comunicaciones de la familia afectada, además de realizar tres cateos en igual número de domicilios de Zapopan, donde “sembraron droga”, amedrentaron a una mujer, a sus hermanos y torturaron a su hijo menor de 17 años colocándole una pistola en la cabeza. Dichas acciones se realizaron en abril y mayo de 2019.
Agencias
