El pasado jueves, la Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW) y cinco inmigrantes del condado de Kern, California, presentaron una demanda contra la Patrulla Fronteriza por una redada que se llevó a cabo en enero en una zona agrícola ubicada a más de 480 kilómetros de la frontera con México.
La demanda acusa a la agencia de discriminación racial, maltrato, abusos y coacción para forzar a migrantes a autodeportarse, calificando la operación como "ilegal". En ella se señala que agentes de la Patrulla Fronteriza, cuyo ámbito de acción se limita a un radio de 160 kilómetros desde cualquier frontera o vía marítima internacional, viajaron hasta Bakersfield, en el Valle Central de California, para llevar a cabo la operación.
Durante una semana, los agentes implementaron retenes en carreteras y caminos cercanos a granjas y negocios, deteniendo presuntamente a personas basándose en su apariencia física, sin verificar su estatus migratorio.
Según el documento legal, los operativos se concentraron en áreas predominantemente latinas, donde se arrestó indiscriminadamente a trabajadores agrícolas y jornaleros. Incluso personas con estatus migratorio legal habrían sido víctimas de detenciones arbitrarias.
Uno de los casos más destacados es el de María Hernández Espinoza, quien residía en el condado de Kern desde hacía 20 años. La querella afirma que agentes de la Patrulla Fronteriza obligaron a Hernández a firmar documentos sin permitirle leerlos, los cuales implicaban su salida voluntaria del país. A pesar de sus súplicas para comparecer ante un juez de inmigración, su derecho le fue negado.
"Nos detuvieron porque nos vemos latinos o parecemos trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto", explicó Hernández, quien fue deportada a México junto con al menos otras 40 personas, separándolas de sus familias sin certeza sobre cuándo podrán regresar.
Cabe destacar que la demanda también describe actos de violencia por parte de los agentes, incluyendo la rotura de ventanas de vehículos, daños a neumáticos y, en un caso particularmente grave, el forcejeo con una mujer adulta mayor, a quien arrojaron al suelo antes de liberarla al verificar que contaba con residencia legal.
"Viajar 300 millas desde la frontera para detener personas basándose en su color de piel es inaceptable. Pero el comportamiento de los agentes, desde romper vidrios y cortar neumáticos hasta arrojar a una abuela al suelo antes de liberarla al ver su tarjeta de residencia, es completamente indignante", declaró Ajay Krishnan, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y uno de los representantes de los demandantes.
La UFW denuncia que este tipo de operativos no solo afectan a los inmigrantes, sino que también generan miedo y explotación laboral en los campos agrícolas.
Los demandantes, representados por la ACLU, buscan representar a personas detenidas sin sospecha razonable, arrestadas sin pruebas suficientes de ser un riesgo de fuga, y forzadas a aceptar una "salida voluntaria" sin una renuncia consciente de sus derechos. La demanda también nombra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como responsable de las acciones de la Patrulla Fronteriza.
Agencias
