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Ciudad de México.- El general Salvador Camacho Aguirre, excoordinador de los penales federales, pidió un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por el caso del supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos en el sistema penitenciario, por contratos de la gestión de Genaro García Luna.
El pasado 22 de mayo la FGR anunció una nueva orden de captura contra García Luna y otros 60 implicados en un caso de corrupción en 10 contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por 5 mil 112 millones de pesos.
Las aprehensiones fueron librados por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Camacho Aguilar, quien fuera el coordinador de los Centros Federales de Readaptación Social en el sexenio pasado, es parte de esa lista de exservidores públicos, empresarios y familiares de García Luna contra quienes se instruyeron los mandamientos judiciales.
El general promovió una demanda de amparo contra el mandamiento de captura, que en su caso particular fue librado por dos delitos, peculado y delincuencia organizada, según fuentes judiciales.
Antonio González García, Juez Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, le concedió en un principio la suspensión provisional para el efecto de que no fuera privado de su libertad con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión que reclamaba.
Esa suspensión se la otorgó sin conocer la naturaleza de los delitos, es decir, sin saber si tienen o no prevista la prisión preventiva de oficio.
Ahora, ya con el conocimiento preciso de la acusación, el juez le concedió al exmando la suspensión definitiva, pero no se conocen públicamente los alcances de esa medida protectora, porque el fallo no ha sido publicado hasta el momento.
Cabe decir que, conforme a la legislación vigente, cuando un mandato de captura es librado por un delito con prisión preventiva de oficio -como en este caso lo es la delincuencia organizada-, las suspensiones concedidas en un amparo no pueden impedir que el imputado sea detenido.
En el sexenio pasado, Camacho Aguirre fue titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal y participó en los operativos de Tanhuato, donde el 22 de mayo de 2015 murieron 42 civiles, y Nochixtlán, registrado el 19 de junio de 2016 con un saldo de 8 muertos y 108 heridos.
El 16 de noviembre de 2017 el general dejó ese encargo y fue designado coordinador de los Ceferesos, cargo en el que se desempeñaría durante un año.
Antes de estar prófugo, la FGR ya había ejercido acción penal contra Camacho Aguirre por un presunto daño patrimonial de más de 64 mil 900 millones de pesos, en el caso de la construcción y operación de 8 penales federales «privatizados».
Pero ese caso fracasó porque un juez federal desechó la imputación contra un total de 16 mandos y ex funcionarios del sistema penitenciario, ya que los delitos estaban prescritos.
Agencias
