El próximo 1 de mayo de 2025, Francisco Garduño concluirá su polémica gestión al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), marcada por tres ejes: impunidad en el incendio de Ciudad Juárez (que dejó 40 migrantes muertos), un récord histórico de detenciones y una creciente militarización del organismo.
El 27 de marzo de 2023, un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez provocó la muerte de 40 migrantes y lesiones a 25 más. Testimonios de sobrevivientes revelaron que el personal no abrió las celdas, dejándolos morir "como animales".
Sobre la situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Rosario Piedra dijo el 3 de julio de 2023 que se registraron “violaciones graves a derechos humanos, al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal en agravio de las 40 personas migrantes fallecidas y de las 27 lesionadas en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez”.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) inició un proceso contra Garduño por negligencia, un juez suspendió el caso bajo condiciones:
Disculpa pública (pospuesta para el 2 de mayo, ya sin cargo)
Indemnizaciones (240 millones de pesos mexicanos, incluidos a los acusados de provocar el fuego)
Supervisión de estaciones migratorias
Si cumple, Garduño quedará absuelto, lo que organizaciones como la Fundación para la Justicia califican de "impunidad selectiva":
"El trato a las familias ha sido indigno: notificaciones nocturnas, cambios repentinos en audiencias y decisiones unilateraless", denunciaron.
Bajo el mandato de Garduño, las detenciones migratorias alcanzaron cifras sin precedentes:
Casi 1 millón en 2024, la mayor cifra en la historia del INM
Militarización de puestos clave, con exmilitares o perfiles policiacos en delegaciones
Aunque se implementaron "espacios abiertos" (pinturas, eliminación de rejas), activistas lo consideran un "lavado de imagen", pues las estaciones siguen siendo centros de detención.
El nombramiento de Sergio Salomón (exgobernador de Puebla) como sucesor no ha calmado las críticas. Y es que las víctimas de Juárez exigen justicia real, no reparaciones con dinero público.
Agencias
