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Un juzgado federal libró ocho órdenes de aprehensión contra igual número de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que habían obtenido su libertad condicional en el proceso que se les sigue por el caso Ayotzinapa hace unos días.
Alejandro Robledo Carretero, defensor de los militares dijo que la FGR ejecutó tres órdenes de captura contra el personal castrense en el momento en que acudieron a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares, por lo que criticó la acción del Ministerio Público.
Indicó que, en las próximas horas, presentará ante el juzgado federal que libró las órdenes de captura a los otros cinco militares para conocer la acusación, la cual se presume ahora es por delincuencia organizada, por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
“Me enteré hoy, yo pensaría que, por delincuencia organizada, no te lo puedo decir con certeza, no he visto la causa, no tengo mucha información, pero te adelanto que hemos tomado la decisión, como siempre, de enfrentar las acusaciones y entregarlos nosotros voluntariamente para enfrentar los procesos.
“Es una porquería del gobierno federal lo que están haciendo, es una chicana muy barata, no se puede esperar menos de ellos, pero la vamos a enfrentar la vamos a ganar. Lo que no pueden ganar por las buenas en el derecho lo pretenden hacer manipulando el derecho, esa es la verdad”, expresó.
El pasado 24 de enero, los soldados abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A. La jueza Segundo de Distrito de Procesos en el Edomex notificó su libertad inmediata en cumplimiento a la resolución que ordenó el cambio de medida cautelar y al haber satisfecho los requisitos exigidos por el juzgado. La salida ocurrió tras cubrir el pago de una garantía de 50 mil pesos que les impuso la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo.
Los liberados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, podrán seguir en libertad el proceso penal que se inició en su contra por el delito de desaparición forzada en libertad.
Asimismo, se ordenó a los elementos castrenses deberán presentarse a firmar los días 1 y 16 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares. También tienen prohibido salir del país, acercarse al estado de Guerrero y convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
Durante el proceso judicial que derivó en la liberación provisional de los soldados, la (FGR no impugnó una resolución y las víctimas tampoco acudieron a una audiencia.
La formal prisión que se dictó contra los soldados por el delito desaparición forzada de personas, sobre los hechos del caso Ayotzinapa, está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes.
Agencias
