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Las indagatorias que la Fiscalía General de la República (FGR) inició a partir de denuncias de organizaciones civiles contra María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo, por supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, aún no han sido determinadas, aseguraron autoridades federales.
En agosto del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que se investigara el caso, a partir de los señalamientos contra la alcaldesa morenista.
“Que se investigue y que se aclare, y que no haya corrupción, y que no haya impunidad. Esa es mi postura”, declaró el Presidente.
Las autoridades federales señalaron que en junio y septiembre de 2020 se iniciaron las carpetas de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/0000372/2020 y FED/FECC/QR/538/2020.
La primera está en manos de la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Mencionaron que las denuncias fueron presentadas por las organizaciones civiles Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia (Monseju), y por Flor Tapia Pastrana, directora de la asociación civil Opus Magnum de México.
Ambas denuncias, apuntaron, tienen en común el presunto enriquecimiento inexplicable de la servidora pública, a quien señalan como una persona cercana al gobernador quintanarroense Carlos Joaquín González.
Detallaron que los denunciantes presentaron documentos sobre la supuesta adquisición de bienes inmuebles, vehículos y predios, tanto urbanos como rústicos, por parte de la servidora pública.
Sin embargo, hasta ahora ni una de las fiscalías ha determinado las carpetas de investigación para definir si existe o no un delito que perseguir, apuntaron las autoridades.
Agencias
