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La Fiscalía General de la República (FGR) decidió proceder penalmente contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), a raíz de la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, contra Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria.
Además, contra Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria.
Ambos funcionarios, presuntamente incurrieron en conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes.
También se procedió contra el contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua; Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo Apodaca Magalanes, jefe del departamento de recursos materiales, quienes se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada CAMSA y al propio INM, la fiscalía señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”, detalló la dependencia.
Asimismo, recordó que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional.
En razón de ello, la Fiscalía General de la República ha investigado dos líneas paralelas de información:
-La primera, dentro de dicho órgano desconcentrado
-La segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, una situación semejante, lo que dio como resultado una persona muerta y 14 más lesionados.
Lo anterior generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el Instituto Nacional de Migración se siguen cometiendo.
“E indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, añadió.
Agencias
