La defensa de México pidió a la Suprema Corte de Estados Unidos no desechar su demanda en contra de las empresas fabricantes de armas argumentando que no aplica la inmunidad de la ley en este caso dado que comercializan sus armas sin restricciones y deliberadamente sabiendo que llegarán a manos de criminales a través de un pequeño grupo de distribuidores “corruptos”.
La representante del equipo legal que acompaña a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demanda, Catherine Stetson, explicó además, que hay empresas que producen pistolas especialmente dirigidas para los jefes e integrantes de los cárteles de la droga con nombres en español y diseños llamativos. Pero además, a estos artefactos se les puede borrar el número de serie, lo cual impide su rastreo.
“Los acusados suministran a los distribuidores todas las armas que pueden pagar sin ninguna condición de seguridad pública, incluso si se ha determinado repetidamente que un distribuidor de armas ha violado las leyes de armas, ha sido acusado, sus empleados han tenido licencias federales de armas revocadas o ha suministrado repetidamente a cárteles sospechosos y ventas obvias a traficantes, incluidas ventas al por mayor repetidas”, expresó la abogada en una sesión de hora y media.
En este sentido, Stetson agregó que los fabricantes de armas pueden saber con exactitud, por la información que reciben de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego (ATF) cuáles de los distribuidores son el problema “son distribuidores corruptos”.
Y explicó que hay estimaciones de que llegan a México al año más de medio millón de armas de fuego de manera ilegal, lo cual significa apenas 2 por ciento de las armas fabricadas en Estados Unidos.
Y es que los fabricantes argumentan que están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas que otorga inmunidad legal a los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas contra demandas civiles por el uso ilegal de sus productos.
En este sentido, la defensa de Smith & Wesson e Interstate Arms, representada por el abogado Noel Francisco, alegó que no existe una relación directa entre los fabricantes de armas y la comisión de delitos.
Y consideró que se debe revocar la demanda pues afecta la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos de poseer y portar armas.
Agencias
