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Texas.- El Estado de Texas está acusando a otro gran grupo de inmigrantes de “participación en disturbios” después de que escalaron una valla metálica en la frontera, enviándolos a la Cárcel del Condado de El Paso, con costo a los contribuyentes locales.
Ante esta situación, el juez del Condado, Ricardo Samaniego, exige a las autoridades estatales que asuman los costos de estas detenciones, que en la práctica aplica la controvertida ley estatal SB4 –en este momentos suspendida– que otorga a las autoridades del Estado de Texas la capacidad de detener a migrantes que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos.
“¡No se vale!”… dijo categórico el juez Samaniego, luego de exigir al Gobierno estatal que utilice a sus propios jueces y disponga de espacios para retener a los migrantes que son arrestados al cruzar la frontera Sur. Más de 140 personas han sido acusadas, lo que llevó a los funcionarios del Condado a expresar preocupación por la capacidad de la cárcel.
El lunes de la semana pasada, la Corte de Comisionados votó a favor de que Samaniego enviara una carta a la delegación estatal de El Paso sobre las prácticas estatales de aplicación de la ley.
“Estos juegos políticos les costarán a los contribuyentes de El Paso más de un millón de dólares si al menos 300 personas son ingresadas en nuestra cárcel, y perderemos mucho más si tenemos que sacar a los prisioneros federales para acomodar a estos detenidos estatales”, señaló el comisionado del Precinto 2 del Condado de Paso, David Stout.
El Condado tiene un contrato con el Gobierno federal para retener a los reclusos que enfrentan cargos federales en las cárceles del Condado.
El acuerdo asigna $101 por día para cada recluso federal para un ingreso estimado de $92 millones durante cuatro años. El contrato expira el año que viene.
“Hemos perdido probablemente $8 millones o $9 millones este año porque tenemos que preocuparnos por no utilizar (el espacio)”, dijo el juez Samaniego.
“Todos los casos de contrabandistas solían ser federales y ahora son estatales. Y ahora los tratamos como un estado del que no obtenemos ingresos”.
Tras cuestionar una vez más la política antiinmigrante impuesta por el gobernador de Texas, Greg Abbott, Samaniego alzó la alerta de lo que puede suceder en detrimento de la comunidad si esta dinámica de capturas de extranjeros continúa por parte de los elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y son llevados a las cárceles del Condado.
“Es una carga muy grande y es muy fácil para ellos estar arrestando y hacer lo que quieran y luego van a dejar a las personas en el Condado y pues eso no se vale, no debe de ser…si ellos quieren hacer eso y hacer los procesos, deben tenerlos en un lugar donde puedan cuidarlos y todo”, comentó en tono de mortificación.
No obstante, aseguró, “nosotros vamos a vigilar muchísimo que lo hagan bien, porque en el momento que se arresta a alguien en el Condado ya es propiedad de nosotros y yo no puedo decirles ‘pues llévenselo a otro lugar’. Debemos darle seguimiento y asegurarnos de que tengan abogados que reciban comunicación como si estuvieran en el condado”, puntualizó.
El juez del Condado dijo lo anterior luego de que el pasado viernes 12 de abril fueran apresados otros 200 extranjeros en los márgenes de la valla fronteriza, después de que cortaron los alambres de púas para intentar entregarse a la Patrulla Fronteriza.
Explicó que con el personal que cuenta el Condado resulta insuficiente procesar a más de 200 migrantes por lo que urgió la ayuda estatal.
“Son muchos y la capacidad que tenemos es para procesar hasta 145, no más. Si tenemos un mayor número colapsaremos, además de que no tenemos suficiente espacio en las cárceles y el Fiscal de Distrito no cuenta con los recursos para enjuiciarlos”.
Explicó que en la actualidad se cuenta con dos centros penitenciarios: La cárcel del condado, ubicada en la zona centro y el anexo de la prisión, situado en el extremo Este. La primera con una capacidad de 1,010 convictos y la segunda para 1,800.
Sin embargo agregó que la capacidad de respuesta merma cuando se tiene obras de remodelación en la prisión contigua al edificio del condado Enrique Moreno, la cual mantiene sacrificadas 300 camas y se tiene casi saturada la capacidad de la del anexo. “Esta casi llena”.
Samaniego declaró que de tomar ese papel de resguardar a los inmigrantes sería una carga muy pesada económicamente, especialmente para el Condado, porque se tendría que elevar el monto de los impuestos a los contribuyentes o bien no hacer obras de calidad de vida para la comunidad.
Y aseguró que el condado pierde dinero cuando el estado trae reclusos al tener que rechazar a los presos federales. “Los reclusos estatales cuestan al condado 110 dólares al día, mientras que los reclusos federales aportan entre 85 y 87 dólares al día”, manifestó el funcionario al agregar que en caso de recibir atención médica el costo subiría hasta los 140 dólares.
Una posible solución es que el estado utilizara la prisión federal Rogelio Sánchez en El Paso, situada a poca distancia del anexo carcelario del Condado, u otras instalaciones estatales.
“La solución es que ellos lo atiendan, y una opción sería utilizar la cárcel federal Rogelio Sánchez, pero utilizarían un espacio que fuera estatal y luego ahí pudieran tener a sus jueces y nosotros vigilar, tenemos que vigilar que lo hagan bien”, insistió.
Agregó que si bien se tienen muchas camas destinadas a los prisioneros del orden federal el destinarlas a los del fuero estatal los lastimaría económicamente .
“Eso nos quita un ingreso como de 28 millones de dólares por año, que es lo que usamos porque el estado no nos paga nada”, señaló tras apuntar que eso representa un ingreso que ayuda a compensar por lo demás, “pero si tenemos muchos cargos estatales nos van a quitar ese espacio”.
A decir de las autoridades ni la presencia de la Guardia Nacional de Texas, ni los alambres de púas instalados a lo largo del Río Grande han desalentado el objetivo de los migrantes a seguir su camino rumbo a este país, por lo que el argumento de frenar con estas acciones es irreal.
Fuente El Diario
