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El ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, sostuvo que la institución no tuvo conocimiento de la infiltración del crimen organizado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pero consideró que la versión proporcionada porOmar García, sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre debe ser retomada por la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR).
El 13 de septiembre pasado, la Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa (CNEA) exigió que los dirigentes estudiantiles de 2014 expliquen por qué llevaron a sus compañeros de primer semestre hasta el municipio de Iguala, con la intención de tomar autobuses y por qué planificaron dicha acción de noche.
El sobreviviente del Caso Ayotzinapa y ex dirigente estudiantil Omar García respondió a través de una publicación en Facebook, en la que cuestionó qué tipo de intereses mueven a los egresados.
Omar García reconoció que la delincuencia organizada se infiltró en la Normal Rural, pues en 2012 se detectó que un grupo de estudiantes vendía mariguana y cocaína, lo que derivó en la expulsión de los mismos.
Dicha expulsión provocó la irrupción de un grupo de sicarios armados, que propinaron una golpiza a dos de los principales líderes.
Blanco Cabrera estuvo al frente de la FGE en ese periodo y encabezó las primeras investigaciones del Caso Ayotzinapa, antes de que el asunto fuera atraído por la otrora Procuraduría General de la República (PGR).
«No teniamos información sobre ese hecho (…), esto recién se está dando a conocer, no son aspectos que hubiesen trascendido en aquel entonces», apuntó.
Sin embargo, destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación en 2018, en cuyas conclusiones sí se plantea la infiltración delictiva en la normal rural.
Por ello, consideró importante que la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) investigue estas nuevas revelaciones. También se le cuestionó si en las bases de la investigación que encabezó, hubo claridad sobre las causas que motivaron a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa a llevar a sus compañeros hasta el municipio de Iguala, de noche, a tomar autobuses.
«En su momento se dijo y fue parte de lo que nosotros dimos a conocer, en el sentido de que habían acudido a Iguala ante la imposibilidad de apoderarse de algunas unidades de transporte público en la ciudad de Chilpancingo», apuntó el ex funcionario.
Dichos autobuses serían utilizados para acudir a la Ciudad de México a participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre, en la plaza de las tres culturas.
Sin embargo, reconoció que «no quedó del todo claro por qué los normalistas incursionaron en una localidad en la que normalmente no operaban», más aún, de noche.
Señaló que un año antes, los estudiantes de Ayotzinapa acudieron a Iguala para solidarizarse con la organización Unidad Popular, tras el asesinato de algunos de sus integrantes y de su principal dirigente, Arturo Hernández Cardona.
Recordó que incluso se les señaló como responsables del incendio en el Palacio Municipal, lo que generaría el rencor del ex acalde, José Luis Abarca Velázquez, en su contra.
El ex procurador subrayó que, fuera de esa única ocasión, «no existe ningún otro antecedente importante» sobre la presencia de normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala.
«Regularmente todos conocíamos en dónde operaban los muchachos, cuáles eran las acciones que llevaban a cabo; ese es uno de los puntos bien importantes, uno de los puntos que no han quedado del todo claros», indicó.
También destacó que, a seis años de los hechos de Iguala, «ya no existe la unidad que existió durante mucho tiempo entre los egresados», situación que ha permitido que surja nueva información que en su momento permaneció escondida.
«Aquí lo más importante es que no es una información menor, sino que está aludiendo a posibles vínculos (criminales), a la infiltración del narcotráfico en la escuela; ese es un aspecto que no podemos dar por sentado, pero que debe ser investigado profusamente para conocer si eso influyó o no en lo ocurrido la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014», insistió el ex procurador de justicia de Guerrero.
Asimismo, consideró que debe investigarse cuál fue el destino de los ex dirigentes estudiantiles que llevaron a sus compañeros a Iguala, ya que por lo menos uno de ellos hoy ocupa un cargo en el gobierno federal, el cual le fue concedido desde el periodo de Enrique Peña Nieto.
«Más allá de las interpretaciones sesgadas o parciales que afectan y dañan mucho a la investigación, siempre he dicho que debe realizarse un análisis serio, profundo, integral y objetivo de los hechos, que hay que ir más allá de lo que contienen los mil tomos que integran la averiguación previa, de las versiones oficiales y las no oficiales, como la recomendación de la CNDH, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y también algunas investigaciones periodísticas que han aportado datos importantes en todo esto», expuso Blanco Cabrera.
Destacó que el 80 por ciento de la narrativa entre la versión oficial y las no oficiales es prácticamente la misma.
Hasta el momento, sólo se tiene claridad y sustento en cuanto a la autoría material e intelectual del caso, la cual recae en el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos, en colusión con «instancias de gobierno que estaban a su servicio, particularmente las policías municipales» de Iguala, Huitzuco y Cocula.
Agencias
