Miami.— La demanda presentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos ha desatado reacciones encontradas en este país, entre quienes acusan que las empresas estadounidenses no son responsables de la violencia en México, y quienes señalan que elementos como las armas con diseños que atraen específicamente a narcos mexicanos hacen que sí exista cierta responsabilidad de parte de las armerías norteamericanas con lo que sucede al sur de la frontera.
“En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, de EU, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles —que operan en territorio mexicano— ante la justicia”, dijo la National Shooting Sport Foundation (NSSF), que representa a la asociación comercial de la industria de armas de fuego del país vecino, al pedirle su postura ante la demanda ejercida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra 11 empresas fabricantes de armas.
“El gobierno mexicano, que recibe ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus fronteras”, agregó.
El 4 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por su canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda civil ante una corte del Distrito de Boston, Massachusetts.
La demanda, considerada como un acto sin precedentes, acusa a los fabricantes de comercializar irresponsablemente y de manera negligente, armas de alto poder que terminan cruzando la frontera sur estadounidense para llegar a manos de los diversos grupos del crimen organizado en México, provocando muertes humanas, destrucción y pérdidas materiales.
“Los fabricantes de armas en EU no son responsables de ningún tipo de violencia transfronteriza o más allá de la frontera sur. El tráfico de armas existente hacia México es responsabilidad única y exclusiva de las autoridades federales de ambos países, México y Estados Unidos”, señala Jaime Ortiz Aub, abogado internacionalista y experto en seguridad binacional.
“En Estados Unidos hay dos grandes retos para que el tráfico de armas disminuya drásticamente: el primero, muy conocido, es que la Asociación Nacional del Rifle es la más poderosa del país en cuanto al cabildeo político y eso impide que la administración federal pueda lograr un control más estricto en lo que se refiere a la venta de armas.
“Lo otro es lo que tiene que ver especialmente con la venta de armas de segunda mano, y ahí sí, de plano, el control es cero, cero. Simplemente veamos la cantidad anual de ferias de armas y la cantidad de vendedores y compradores de segunda mano en territorio estadounidense que no tienen absolutamente ninguna obligación legal de registrar las transacciones de armamento entre particulares”, dice Ortiz.
El problema en las aduanas
A estos dos factores hay que sumar un tercero que involucra la gestión aduanera mexicana. Si bien está demostrado a nivel mundial que los procesos aduaneros para detectar y detener el tráfico de contrabando de cualquier tipo que quiera mencionarse, son superados humana y tecnológicamente debido a la gigantesca ola de productos que entran y salen de las fronteras comerciales del mundo, algunos países por lo menos consiguen rastrear a través de metodologías muy modernas algunas pruebas o sospechas de algún tipo de contrabando de los que diariamente se llevan a cabo en el planeta.
De acuerdo con informes del Departamento de Aduanas de Estados Unidos, mientras en la Unión Americana cuentan con una capacidad de 10% de efectividad de revisión de contenedores marítimos en sus puertos, está comprobado que países como México no llega a 1%.
“En Estados Unidos hay más armas por persona que las que hay en México, y el país del norte no tiene el nivel de violencia que tiene México, y por las calles de Estados Unidos hay muchas más drogas fluyendo por todas las calles, de todas las ciudades, y el nivel de violencia no es igual. Eso nos dice que la violencia en México es por corrupción, impunidad total y complicidad. Estas condiciones facilitan de manera rampante el tráfico de armas desde EU hacia los grupos más violentos de México”.
Agencias
