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El intento de una mujer de Florida de protegerse de la violencia doméstica se ha convertido en un punto clave en el debate sobre los derechos a poseer armas y la seguridad de las víctimas.
Courtney Irby le entregó a la policía las pistolas de su esposo después de que él fuera acusado de violencia doméstica y agresión agravada, pero al hacerlo, ella fue arrestada por robo.
Ahora, una legisladora de Florida y activistas defienden su causa, y solicitaron el lunes a un fiscal estatal que desestime los cargos. En contraparte, los promotores de la tenencia de armas quieren que la mujer vaya a juicio.
Courtney Irby pasó seis días tras las rejas por cargos de robo a mano armada y robo mayor después de que tomó un fusil de asalto y una pistola del apartamento de su esposo y los entregó a la policía de Lakeland. En ese momento, Joseph Irby estaba encarcelado por un día, acusado de embestir el auto de su esposa después de una audiencia de divorcio el 14 de junio.
Después del arresto de su esposo, Courtney Irby solicitó medidas cautelares, las cuales le fueron otorgadas. La ley federal prohíbe la posesión de armas a personas que estén bajo una orden restrictiva por violencia doméstica, pero depende de la policía local ejecutar dicho mandato, según el Centro de Leyes Giffords para Prevenir la Violencia Causada por Armas de Fuego.
Courtey Irby le dijo a la policía que ella creía que su esposo no entregaría sus armas voluntariamente, así que tomó el asunto en sus manos. Según el reporte de su arresto, ingresó al apartamento de su esposo sin su permiso, tomó las armas y las llevó a la estación de policía.
“¿Me está diciendo que cometió un robo a mano armada?”, le preguntó un agente.
“Sí, pero él no las iba a entregar, así que yo lo hice”, respondió ella, según el policía.
La representante estatal demócrata Anna Eskamani tuiteó que es “ridículo” arrestar a una mujer en esta situación. El lunes envió una carta al fiscal estatal Brian Haas para pedirle que Irby no sea procesada. Mencionó una investigación que demuestra que la presencia de un arma en una situación de violencia doméstica incrementa por cinco la posibilidad de que la mujer sea asesinada.
“La señorita Irby buscaba ayuda del Departamento de Policía de Lakeland y tomó medidas para protegerse a ella y a sus hijos”, escribió Eskamani. “Juzgar a la señorita Irby crea un aterrador precedente de que si alguien busca ayuda para evitar el maltrato, será castigada”.
Aunque la ley federal prohíbe que las personas que tengan una orden restrictiva por violencia doméstica o que hayan sido condenados por violencia doméstica posean armas, las agencias policiales locales y fiscales no cuentan con las herramientas necesarias para ejercer dichas restricciones, dijo Eskamani en la misiva que envió al fiscal estatal.
“Estos vacíos legales son factores fundamentales en la relación letal entre la violencia doméstica y las armas de fuego”, subrayó Eskamani.
Agencias
