La Ley de Consulta Popular, que no es nueva pero las autoridades preferían mantenerla fuera del conocimiento público, podría convertirse en una herramienta para que la población pueda aplicar orden a sus gobernantes cuando sientan que han incurrido en actos de corrupción y abusos.
Y no se limita, como hasta ahora se ha manejado, a promover el juicio político contra los expresidentes de la república, sino que es aplicable para todo servidor público en la nación, de los tres niveles de gobierno, informa Francisco Chavira, presidente de la organización Ruta Cinco, “la Estrategia Ciudadana”.
Lidera
Chavira compitió en las pasadas elecciones como candidato a gobernador independiente, y ahora impulsa en Matamoros la primera consulta ciudadana que en el ámbito nacional buscaría promover el siete de agosto, un procedimiento legal contra varios ex mandatarios mexicanos.
No se ha especificado desde qué administración, pero se menciona extraoficialmente desde Carlos Salinas de Gortari, así como Ernesto Zedillo.
Pero adelantó también que un plebiscito de esta naturaleza puede enfocarse también para llevar a juicio a los gobernadores, haciendo alusión a las controversias que existen en el caso del titular del poder ejecutivo del Estado en funciones.
Dijo que ahora que hay una nueva consciencia ciudadana, que prevalece el hartazgo de la población contra los gobernantes que los mantuvieron oprimidos, llevados al a pobreza en todos sentidos, y que han visto además que la actual administración con los mismos recursos ha promovido ayuda social para todos los grupos vulnerables y ha continuado con la prestación de servicios, se podrían motivar a las autoridades a aplicarles la ley.
Concientes
Se espera que la población, que hoy está más despierta e informada de la vida política y social del país, decida apoyar en el que sería el primer referéndum, el llamado a juicio para los expresidentes.
Pero también podrán anotar o pedir en el mismo documento, que se extienda esa acción legal contra funcionarios del gobierno estatal o municipal.
Debido a que esta ley es poco conocida, porque no convenía a los gobernantes, y que gran parte de la población desconocía, no está muy claro si algunos delitos cometidos por servidores públicos ya prescribieron, que ya no se pueden sancionar.
Para esta consulta popular, se van a instalar 57 mil casillas o mesas receptoras de las papeletas, donde los ciudadanos con credencial de votar, y que además aparezcan en la lista nominal podrán opinar si están de acuerdo o no en llevarlos a juicio. Y tienen que participar cuatro de cada 10.
El INE tendría a su cargo la realización de esta consulta.
La segunda parte del proceso, sería recuperar lo que se robaron los malos servidores públicos.
Críticas
Dijo que los grupos conservadores han cuestionado duramente este nuevo procedimiento ciudadanos, acusan que se gastará mucho dinero en ella, pero aclara que si tan sólo se recuperar el uno por ciento de lo que robó un solo ex presidente, alcanza y sobra para cubrir los gastos.
Aclaran que no es un acto de venganza, sino de justicia para terminar con la impunidad en el gobierno, la represión al pueblo y el saqueo a manos llenas.
