Debido a los cambios que el gobierno federal está aplicando al programa de regularización de vehículos de procedencia canadiense y estadounidense que circulan en territorio nacional, donde ha dispuesto que ya no es necesaria la intervención de las agencias aduanales, se suspendieron los trámites en la Aduana de Nuevo Progreso y Miguel Alemán, hasta tener más claridad en el asunto.
El empresario Tomás Cantú, especialista en el tema de las importaciones, informa que debido a las nuevas reglas dadas a conocer durante esta semana por el gobierno federal para la legalización automotriz, decidieron parar dicha actividad hasta revisar cómo quedaría definitivamente este programa.
Día a día
Y es que, además de darse a conocer por separado algunas nuevas disposiciones, al parecer faltan otras, entonces surgen dudas no sólo de los clientes, sino de los mismos importadores, porque no se sabe qué más van a modificar.
Lamentó que la Federación determinara eliminar el servicio de las agencias aduanales para la importación al considerar que encarecen el trámite, pues afirma que ellos sólo cobran sus honorarios, y se tienen que pagar diversos cargos, como el registro Repuve, así como la inspección mecánica y otros.
El caso es que, en efecto, saben que ahora los mismos propietarios podrán hacer en forma directa el registro de su auto con un único pago de dos mil 500 pesos, aunque falta determinar a quién lo van a pagar o de qué manera podrán hacerlo si no van a contar con el pedimento de importación.
Virtual
También se sabe que parte del proceso, para apoyar a las familias que radican en zonas rurales, o al sur del Estado por ejemplo, lo que dificultaba presentar su vehículo en las aduanas fronterizas, es que lo podrán hacer en línea.
En general, son varias reglas de operación que se han cambiado, pero todo con el propósito de favorecer a las familias de escasos recursos, ya que el propósito del gobierno es que paguen única y exclusivamente dos mil 500 pesos de impuestos.
La duda es, si eso incluye el pago de las placas, cuyo importe sería pagado a favor de los estados, que a su vez lo aplicarían en bacheo y pavimentación de calles.
Los importadores defienden su participación en dicho proyecto por considerar que el pedimento de importación que ellos manejan debe ser imprescindible en el trámite de nacionalización, que de otra forma no sería procedente.