El magnate Elon Musk y su empresa SpaceX pagaron más de 25 millones de dólares en donaciones, viajes, regalos y cabildeo con legisladores y funcionarios texanos y federales estadunidenses con el fin de obtener los permisos necesarios y otros apoyos para instalar su base aeroespacial sobre un santuario natural en la frontera con México.
Fue el precio para comprar autorizaciones, voluntades y discursos que despejaran el camino hacia una zona de dunas en el sur de Texas: Boca Chica, a unos pasos del Río Bravo y del límite con Tamaulipas.
El monto —que al tipo de cambio actual asciende a más de 470 millones de pesos— ha sido documentado por las investigadoras Michelle Keck, de la Universidad de Texas Rio Grande Valley, y Guadalupe Correa-Cabrera, de la Universidad George Mason, en Virginia. Ellas sostienen que el aterrizaje de Musk en la frontera fue posible gracias a una alianza entre dinero y política, un engranaje donde el cabildeo lubricó la maquinaria legislativa y regulatoria.
El dinero fue la llave maestra. En noviembre de 2012, Musk donó mil dólares al representante René Oliveira —demócrata fallecido en 2023—, otros mil dólares a Eddie Lucio III, legislador local entre 2007 y 2022, y dos mil dólares más al senador Eddie Lucio Jr., quien estuvo en el Senado texano de 1991 a 2023.
Un mes después, aquellos mismos legisladores impulsaron en la ciudad texana de Austin un plan de financiamiento para atraer a SpaceX a Brownsville, específicamente al condado de Cameron, limítrofe con Matamoros. La secuencia fue tan precisa que parecía parte de un guion: primero la contribución, luego la concesión legislativa.
Hoy, la Starbase opera como símbolo de ese proceso: un complejo espacial levantado gracias a la ingeniería de Musk, pero también a la ingeniería política del lobbying, que transformó a un rincón costero del sur de Texas en el epicentro de la carrera espacial privada, aun en medio de tensiones sociales y ambientales.
Agencias
