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El nombramiento de los próximos fiscales general y anticorrupción ya empezó a generar problemas. Sectores de la sociedad –ONG y empresarios, principalmente– creen que ambos deben ser nombrados sin la intervención presidencial. López Obrador no piensa lo mismo. En opinión de Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el nombramiento del fiscal general (que sustituirá la figura del procurador general) debe ser prerrogativa del presidente, no así el del fiscal anticorrupción, quien debe ser independiente del Ejecutivo para poder juzgar, entre otros, al propio jefe del Ejecutivo.
21/07/2018 – CIUDAD DE MÉXICO.- La discrepancia comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador anunció desde su precampaña que de ganar las elecciones propondría a los próximos fiscales general y anticorrupción. Hasta dio nombres de quienes podrían ser. La advertencia alertó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían contribuido para que el Congreso detuviera la designación de un “fiscal carnal”, como pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora López Obrador se mantiene en su postura, a contrapelo del activismo de influyentes organizaciones sociales, pero también de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en lo que es el primer desacuerdo público en la luna de miel que el candidato ganador y los empresarios han pretendido difundir tras los comicios del domingo 1.
Ninguna de las partes cede, aunque la semana pasada comenzaron formalmente una serie de encuentros en los que el único punto de coincidencia es que se debe cambiar la forma en que México ha “procurado” la justicia, a la vista de que es uno de los países con más impunidad en el mundo. Apenas uno de cada 10 delitos se castiga.
Facultad constitucional
Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, está en favor de que el presidente de la República mantenga la facultad constitucional de proponer al que será el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad que sustituirá a la centenaria Procuraduría General de la República (PGR).
La autonomía que reclaman las ONG para el nuevo fiscal general la reserva el investigador para quien será el nuevo fiscal anticorrupción.
“Todos estamos de acuerdo en que se deben combatir la corrupción y los altos niveles de impunidad. Cuando vemos que algunas procuradurías tienen un nivel de impunidad de hasta 95% es claro que tenemos que hacer algo. Pero en el debate sobre la autonomía de la fiscalía hay una confusión”, comenta en entrevista.
Con su insistencia de que debe castigarse a los funcionarios corruptos, dice que los delitos contra los servidores públicos no se pueden perseguir igual que los de la delincuencia federal: “El resultado es que no se persiguen unos ni otros. Por eso es necesaria una fiscalía anticorrupción independiente, que única y exclusivamente se concentre en los delitos de los servidores públicos”.
Las ONG piden que la FGR sea autónoma, como lo dice el artículo 102 de la Constitución, pero buscan una nueva reforma para que la designación del titular y de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales esté en manos de expertos de la sociedad civil, el Congreso y el presidente de la República, y no sólo en éste, como ha sido hasta ahora.
Ese artículo no está regulado, y mientras no haya una ley no va a haber consenso, ataja Laveaga.
–¿Por qué no hacer eco de esta exigencia si la experiencia en México nos demuestra que los ministerios públicos han estado al servicio de los presidentes y de los gobernadores?
–Porque el bono democrático lo tiene el presidente de la República, que es quien gana una elección y presenta un programa de gobierno. Para ser autónomo, el fiscal general tiene que ser electo, pero no es el caso de México. Además, el Estado no puede renunciar a su facultad sancionadora. Hay que garantizar que se castigue el delito, pero eso no se logra con una fiscalía general autónoma.
“Los delitos se enfrentan a partir de la discrecionalidad, como en Estados Unidos o Inglaterra; o de la legalidad, como en Italia y España, donde se dice que se tiene que perseguir todo. Pero ningún país tiene un aparato para perseguir todos los delitos que se cometen.
Autonomía
“La autonomía implicaría que el fiscal decidiera qué delitos sí y cuáles no perseguir. Y en ese caso, el presidente de la República, quien goza del bono democrático, carecería de la discrecionalidad para la persecución de los delitos de acuerdo con su política criminal.”
En la práctica, si el presidente está interesado en la evasión de impuestos, delitos ambientales o el contrabando, un fiscal autónomo podría decir que no, que su prioridad es el secuestro o el homicidio, ejemplifica. “Necesitamos una FGR que dependa del presidente de la República para que él nombre al fiscal y pueda removerlo”.
Casos separados
Laveaga pone por separado el caso del fiscal anticorrupción: “En este caso estamos ante un modelo moderno en el que el Estado sí puede ceder parte de su potestad punitiva. Pero sólo para delincuencia gubernamental, para perseguir a los servidores públicos corruptos.
“En los demás delitos, el presidente tiene que decidir y el procurador ser su empleado. Las organizaciones no gubernamentales están disparando balas al aire. En lugar de concentrarse en la fiscalía anticorrupción lo están haciendo en una institución del Estado, que es la facultad punitiva, a la que ningún Estado va a ceder.”
