Las fuerzas armadas de Comando Sur de Estados Unidos anunciaron este martes que, el lunes 16 de febrero, llevaron a cabo tres ataques letales contra embarcaciones que, según ellas, eran operadas por supuestos narcotraficantes en rutas marítimas del Océano Pacífico oriental y el Mar Caribe, dejando un saldo total de 11 personas muertas.
En un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur detalló que las acciones formaron parte de la campaña militar conocida como Operation Southern Spear, bajo la dirección del general Francis L. Donovan.
Según el comunicado, las operaciones habrían sido dirigidas contra embarcaciones que transitaban por rutas “conocidas del narcotráfico” y estaban “participando en operaciones de narcotráfico”, aunque no se proporcionaron pruebas públicas que lo acrediten.
Detalles de los ataques
-Primera embarcación en el Pacífico oriental: 4 muertos.
-Segunda embarcación en el Pacífico oriental: 4 muertos.
-Tercera embarcación en el Caribe: 3 muertos.
Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante las operaciones.
El ejército también compartió videos en X que muestran los ataques contra las tres embarcaciones, en dos de los cuales las lanchas estaban inmóviles, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad antes de ser alcanzada.
Una campaña militar controvertida
Estados Unidos inició estos ataques en septiembre de 2025, alegando que su objetivo era combatir el narcotráfico marítimo en el Caribe y el Pacífico. Desde entonces, según las propias cifras oficiales, han muerto al menos 140 personas en cerca de 40 ataques similares.
La administración estadounidense, bajo el gobierno de Donald Trump, ha calificado a los ocupantes de estas embarcaciones como “narcoterroristas” y ha defendido que sus acciones buscan desarticular redes criminales que afectan la seguridad nacional.
Sin embargo, críticos, expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos sostienen que muchos de estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles sin evidencia concluyente de su participación en actividades criminales y sin que representaran una amenaza militar directa.
La campaña ha generado acalorado debate sobre su legalidad y el respeto al derecho internacional, ya que algunas de las acciones se han llevado a cabo en aguas internacionales y sin procesos judiciales previos.
Organizaciones y expertos sostienen que ataques letales deben aplicarse en contextos de amenaza inminente o con autorización legal clara, algo que hasta ahora no ha sido demostrado de forma pública por Washington.
Agencias
