El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Trump, ha implementado una medida que reduce significativamente la vigencia de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes en el país. La duración de estos documentos, conocidos como Autorizaciones de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), se ha reducido de cinco años a tan solo 18 meses.
Esta decisión afecta a una amplia gama de solicitantes y beneficiarios de programas humanitarios, incluyendo a aquellos que han presentado solicitudes de asilo, así como a los jóvenes indocumentados protegidos por la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños.
¿Aplica a renovaciones de los permisos de trabajo?
El cambio fue detallado en una actualización emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el pasado 4 de diciembre. La agencia federal especificó que la nueva normativa aplica tanto a las renovaciones de los permisos de trabajo existentes como a las nuevas solicitudes que se presenten.
La norma entró en vigor a partir del jueves siguiente a su anuncio. Según el Gobierno de EE.UU., este acortamiento en la vigencia tiene como objetivo permitir revisiones más frecuentes y rigurosas sobre la elegibilidad continua de los migrantes para mantener su autorización de empleo.
Permisos emitidos antes del 4 de diciembre
USCIS ha notificado que, aunque los permisos emitidos antes del 4 de diciembre conservarán su validez original hasta la fecha de expiración, los solicitantes de renovación deberán ahora presentar sus trámites con suficiente antelación. Este requisito busca prevenir cualquier interrupción en su capacidad legal para trabajar.
Entre los principales grupos impactados por esta política se encuentran, además de los solicitantes de asilo y los beneficiarios de DACA, los refugiados, las personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras categorías migratorias de carácter humanitario reconocidas por la agencia.
La nueva disposición también afecta a personas con una orden de suspensión de deportación, a aquellos con peticiones pendientes para el ajuste de estatus a la residencia permanente, y a quienes están bajo programas humanitarios especiales como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA).
Con esta medida, la administración estadounidense busca fortalecer la supervisión y la actualización constante de los datos de los inmigrantes que se encuentran empleados legalmente. Al mismo tiempo, el gobierno asegura que se mantenga la continuidad del empleo dentro del marco legal vigente para quienes cumplen con los requisitos.
Agencias
