Diputados proponen hasta nueve años de cárcel por acceso indebido a vacunas anticovid

Diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena presentaron una iniciativa de ley para sancionar hasta con nueve años de prisión y multa de mil veces la Unidad de Medida y Actualización (89 mil 620 pesos) al servidor público que gestione, tramite o facilite el acceso indebido de cónyuges, hijos, padres, familiares o amigos a vacunas correspondientes a programas extraordinarios de inmunización en caso de epidemia, como las aplicadas contra covid-19.

En su propuesta de adición a la Ley General de Salud, los legisladores encabezados por Arturo Escobar subrayaron que las dificultades para el acceso a la vacuna anticovid por parte de particulares han generado intentos indebidos para ser vacunados, sin formar parte de los grupos definidos como prioritarios en los planes de las autoridades sanitarias.

Subrayaron que tan pronto como se inició la aplicación de la vacuna en México, medios de comunicación dieron cuenta de casos de servidores públicos en el Estado de México y Coahuila que, abusando de su posición, lograron acceder de manera indebida a ésta para ellos y para algunos de sus familiares.

“Abusos como los señalados no pueden permitirse y merecen ser castigados, pues la vacuna en México es universal y gratuita, pero el acceso a la misma debe ser ordenado y de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria”, puntualizaron.
La iniciativa plantea agregar un artículo 462 bis 2 a la Ley General de Salud para establecer las sanciones privativas de la libertad y económicas para esos casos:

“Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que gestione, tramite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas (…), en caso de epidemia grave, para sí o para su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa”.

Agencias