Deudores alimentarios enfrentan hoy serias restricciones, desde embargarles su afore, impedirles salir del país y hasta afectar su acceso a cargos públicos. La meta es garantizar la corresponsabilidad económica en las familias, aliviando la carga que recae mayormente en las madres.

En México, tres de cada cuatro hijos o hijas de padres divorciados no reciben pensión alimenticia, según cifras del INEGI. Esta realidad ha llevado a madres activistas a buscar nuevas formas de garantizar este derecho esencial.

Inicialmente, las madres recurrían a la exposición pública de deudores, con pancartas y tendederos de denuncias. La activista Diana Luz Vázquez incluso implementó la "patrulla contra deudores alimentarios" en varias partes del país.

Aunque estas acciones tuvieron éxito en algunos casos, el país ha avanzado hacia la implementación de políticas y recursos legales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la pensión alimentaria de manera más efectiva.

En entrevista para MILENIO, Diana Luz Vázquez señaló que estas estrategias buscan una reivindicación de las maternidades, donde las mujeres han asumido históricamente no solo los cuidados, sino también el sustento económico de sus hijos.

“En México muchísimas mujeres estamos cansadas de maternar en solitario, de que estos costos y estos impactos generan estados negativos en nuestra salud mental al saber que estamos precarizadas, por eso es necesario esto, para que el Estado esté a la vanguardia de lo que se necesita para generar una corresponsabilidad en los hombres en los trabajos de cuidados y económicamente”, señaló.

Si bien estas iniciativas marcan un "parteaguas" al visibilizar el problema, la activista enfatizó la necesidad de atacar la raíz en los juzgados, para evitar amparar por su situación económica a los deudores sobre las necesidades de la infancia.