Header_728x90 GPT Adslot5
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha operado por años sin restricciones en México, encabezando operativos incluso armados, pese a que en el papel se mencione que las acciones derivaron de autoridades mexicanas tras el intercambio de información.
Algunos policías federales que participaron en esas acciones de alto impacto en sexenios anteriores revelaron que muchas veces se les concentraba y después eran trasladados a alguna zona del país, aislados y sin decirles nada.
Una vez que se daba luz verde, llegaban a un punto. Ahí ya había estadunidenses, quienes les indicaban dónde debían actuar, porque habían localizado a un operador o líder criminal, tras un trabajo de inteligencia, seguimiento e intervención de comunicaciones.
Hoy, el papel de esa agencia antidrogas es motivo de discusión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de la detención de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, en Los Ángeles, California, por presuntos nexos con el narcotráfico.
La molestia del gobierno federal fue porque la DEA no proporcionó información, pese a que contaban con una orden de captura contra el general desde hace un año.
APOGEO
La operación de la DEA cobró gran relevancia en el sexenio de Felipe Calderón, cuando México y Estados Unidos suscribieron la Iniciativa Mérida. Los estadunidenses aportaron miles de millones de dólares en equipo y ofrecieron entrenamiento para fortalecer la seguridad y justicia del país.
Sin embargo, en la administración de Enrique Peña Nieto fueron expulsados algunos agentes adscritos a las Oficinas Binacionales de Inteligencia.
El 9 de abril de 2015, el Congreso avaló una iniciativa del presidente Peña Nieto que reformó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde se estableció qué agentes extranjeros podían portar armas en México.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó el decreto en mayo del mismo año y señaló que los permisos extraordinarios eran únicamente para servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, además de personal de seguridad que protege a jefes de Estado en visitas oficiales.
Pero no menciona a los agentes de la DEA ni de otras agencias estadunidenses o de otras naciones.
OFICINAS
De acuerdo con información de la página electrónica de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, la DEA cuenta con una oficina central en Ciudad de México, además de cinco oficinas regionales en Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Mazatlán, Sinaloa; Mérida, Yucatán, y Monterrey, Nuevo León.
“La DEA, en coordinación con otras agencias gubernamentales estadunidenses, apoya al gobierno mexicano a conducir operaciones contra el narcotráfico y lavado de dinero”, detalla.
En México no hay ley que regule la presencia de agentes estadunidenses o de otras naciones. Todos están acreditados como agregados u oficiales diplomáticos, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena.
El caso más emblemático de la DEA en México es el asesinato de su agente Enrique Camarena Salazar en Guadalajara en 1985.
Desde entonces ha buscado llevar a la justicia de su país al narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien permanece prófugo desde hace siete años, tras revocarse el amparo que le permitió su liberación.
Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el papel de la DEA en México y pidió que realizara una autocrítica sobre su actuación en el país.
Dos días después de la detención del general Cienfuegos, comentó: “Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con (Genaro) García Luna (ex secretario de Seguridad Pública) como con el general secretario del sexenio pasado. ¿Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la instrucción de las armas en el operativo Rápido y Furioso?”.
Agencias
