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Rodolfo Castro Valdez, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla, fue denunciado ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública en la entidad, por haber realizado una licitación pública y posterior inicio de obra de una central eléctrica fotovoltaica para la prestación del suministro eléctrico para el gobierno de Baja California y sus entidades paraestatales.
La denuncia con el Folio 202108103 de la que este medio tiene copia, fue presentada el pasado 13 de agosto ante Vicenta Espinosa Martínez, titular de la dependencia estatal encargada de revisar si existen responsabilidades administrativas o penales en las cuáles pudiera haber incurrido el exfuncionario estatal Rodolfo Castro Valdez.
La denuncia indica que el 8 de octubre de 2020, mediante la licitación número LPN-CIE-001-2020, el Comité Interinstitucional de Energía, presidido por el entonces secretario de Hacienda de Baja California Rodolfo Castro Valdez, falló a favor de la empresa Next Energy de México, S.A. de C.V.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece que previo a la licitación, la Comisión Reguladora de Energía debió haber autorizado la obra tal cual como se dio, pues es competencia federal todo la infraestructura que se cree en materia de la Industria Eléctrica, por lo tanto, “el Gobierno del Estado carece de facultades para haber realizado tal licitación”.
El denunciante anónimo indica con evidencias, que el pasado de julio de 2021, en sesión pública, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), negó el permiso necesario para la licitación, posterior construcción y funcionamiento de la obra ilegalmente licitada, “por lo que es fácil concluir que el proyecto en mención no cuenta con el permiso INDISPENSABLE para la generación de energía por medio de la central eléctrica fotovoltaica”.
De hecho, el artículo 130 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que “los permisos previstos en esta Ley serán otorgados por la CRE. Para su otorgamiento los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente, la acreditación del pago de derechos o aprovechamientos en los términos que establezcan las disposiciones legales de la materia, la información relativa a su objeto social, capacidad legal, técnica y financiera, y la descripción del proyecto en los términos que establezca la CRE mediante disposiciones de carácter general”, sin embargo, en el caso de la central eléctrica fotovoltaica para la prestación del suministro eléctrico para el gobierno de Baja California, no se realizaron.
La CRE no había sido la única instancia en puntualizar la ilegalidad de la licitación encabezada por el ex secretario de Hacienda Rodolfo Castro Valdez, el 21 de agosto de 2020, la propia Secretaria de Energía Rocío Nahle, remitió el oficio No. SENER.100/2020/303 al Gobernador Bonilla, en el que puntualizó que los poderes estales carecen de la facultad constitucional para convocar una licitación como la que se realizó, toda vez que es una facultad exclusiva de la federación.
Otra de las irregularidades que puntualiza la denuncia, es que el proyecto carece de la Resolución Favorable de la Evaluación de Impacto Social que entrega la Secretaría de Energía, pues dicho instrumento identifica los pueblos en el área de influencia del proyecto que se pretende realizar, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias que podrían derivarse, medidas de mitigación y planes de gestión social.
Antes de la licitación, la Sener debió haber llevado a cabo los procedimientos de consulta previa e informada necesaria como mecanismo para garantizar la protección de las minorías étnicas y a sabiendas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se violan dichos derechos, los actos administrativos son inconstitucionales, lo que supondría una responsabilidad para ale Estado y para los funcionarios.
Las irregularidades en la licitación de la central fotovoltaica también fueron señaladas por el titular de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Baja California, Ramiro Zaragoza García, quien dijo el 16 de junio que el proyecto podría ser suspendido de forma definitiva, pues carecía de los permisos correspondientes en materia ambiental.
«Profepa podría clausurar temporal, parcial o total del proyecto y a la aplicación de multas que van desde los 2 mil 688 pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos a la empresa Next Energy de México que lo ejecuta”, dijo.
De acuerdo con datos oficiales, para la construcción de dicho proyecto, el exfuncionario bonillista habría comprometido los ingresos del Estado durante los próximos 30 años, ya que el proyecto implicaría una deuda de 270 millones de dólares que deberían pagarse por la obra.
Según la denuncia, Rodolfo Castro Valdez habría cometido faltas graves a los principios que rigen el servicio público previstos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, incurriendo en lo señalado como faltas administrativas graves, según lo previsto en los artículos 51, 54, 57 de dicha Ley.
La Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California admitió la denuncia presentada, y tendrá que dar vista a la Fiscalía General de la República por la posible comisión de delitos administrativos y penales, y el ex funcionario podría ser suspendido de manera temporal para ejercer algún cargo público en lo que se resuelve la denuncia en su contra.
Agencias
