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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoció que enfrenta ocho incidentes de inejecución de sentencia (por no cumplir con amparos) los cuales son revisados por tribunales federales, pero dejó claro que esto forma parte de lo que heredó de las pasadas administraciones.
La institución que preside Mara Gómez Pérez aseguró que no litiga contra las víctimas, “sino contra un grupo de abogados que ha lucrado con el dolor de las víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos”.
La CEAV incurrió en desacato porque no ha cumplido con una sentencia firme que le ordena, entre otras cosas, pagar más de 3 millones de pesos solo por daño moral a cada uno de los miembros de una familia que perdió a su hijo durante el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.
A través de una tarjeta informativa que hicieron llegar funcionarios de la institución, se menciona que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas actualmente enfrenta 459 juicios de amparos, de los cuales, 323 están pendientes de cumplimiento.
De estos 323 amparos, hay ocho incidentes de inejecución de sentencia que son revisados por tribunales federales y dos de ellos están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Puntualizó que se trata de litigios heredados por administraciones anteriores. “Son juicios que están en proceso de cumplimiento ante las autoridades jurisdiccionales, conforme a los plazos que establezca el Poder Judicial de la Federación y no implican todavía destituciones”.
Lamentablemente, agregó, hubo muchos casos que no se atendieron adecuadamente. Tampoco se cumplieron varias sentencias de jueces y magistrados, lo cual resultó en perjuicio de la institución, como lo señala la Auditoría Superior de la Federación, durante la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Los funcionarios dijeron que están conscientes de que debe imperar el estado de derecho por lo que confían en que el tema será resuelto, en su momento, por la SCJN, siempre en beneficio de todas las personas víctimas y no sólo de unas en particular.
El Estado, refirió la CEAV, tiene que responder con todas sus capacidades, atender a las víctimas de manera integral, con un enfoque psicosocial, para que las víctimas y sus familiares recuperen su proyecto de vida, con dignidad e independencia económica.
Aseguró «que hay un pequeñísimo grupo de abogados que han encontrado en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de la CEAV una fuente inagotable de ingresos y en el dolor de las víctimas, un objetivo de lucro. Hay un pequeñísimo grupo de abogados lucrando con el dolor de las víctimas”.
En la mayoría de estos amparos, detalló, los abogados están pidiendo indemnizaciones de entre 10 y 20 millones de pesos, que provienen del FAARI, un fondo que fue creado para atender a las víctimas.
“De ese dinero, los abogados se quedan más o menos con el 40 y hasta el 50 por ciento”, aseveró.
Lo anterior significa que el dinero de este fondo no va a las víctimas, sino que termina en manos de los abogados, “de esos abogados que están lucrando con el dolor de las víctimas”.
Agencias
