‘Cobro 270’: La dolorosa marca de una víctima de trata en México

La trata de personas es un delito que deshumaniza a la persona, al lesionar derechos humanos como la vida, la salud, la libertad, la integridad, la seguridad, el derecho a decidir y la dignidad. La organización civil Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez A.C” ha documentado un incremento de un 30 por ciento de la trata de personas con fines sexuales en el país desde marzo del 2020 a la fecha.

Brigada Callejera es una organización con 34 años de experiencia en la promoción y defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales que obtuvo el reconocimiento como trabajadoras sexuales no asalariadas al promover un juicio de amparo con el apoyo del Bufete Tierra y Libertad de la abogada Bárbara Zamora y el licenciado Santos García y la decisión de integrantes, simpatizantes y colaboradoras de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

Además, Brigada Callejera es integrante de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, the Global Alliance Against Traffic in Women, GAATW, red multiregional integrada por más de 120 organizaciones de todos los continentes.

Aumenta trata 30 por ciento en México
Elvira Madrid, presidenta de la Brigada Callejera asegura que este crecimiento es a causa de la falta de atención de las autoridades, incluso una vez que las víctimas interponen la denuncia por el delito de trata se enfrentan a que no se les da seguimiento a la carpeta de investigación, situación que se agravó con la pandemia, debido a la falta de actividades en las dependencias gubernamentales.

La Brigada ha documentado que entidades que más víctimas de trata con fines sexuales contabilizan son: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, de manera particular las víctimas que provienen de esta entidad son enganchadas con promesas laborales o drogadas para ser sustraídas de sus lugares de origen.

‘Cobro 270’ una marca de trata
En junio la Brigada dio acompañamiento a una víctima de trata que refería tener 23 años y ser originaria de Catem aco, Veracruz. La joven no sabía leer ni escribir por ello el proxeneta le escribía con un plumón en el brazo la leyenda: “270 cobro”.

La víctima de trata padecía un trastorno mental, desnutrición severa, múltiples heridas vaginales y anales. Además, se le obligaba a practicar sexo sin condón, sus captores le indicaban que así podía cobrar más dinero, pero esa práctica le provocó desarrollar sífilis y virus del papiloma humano.

La joven veracruzana fue traída por el tratante con la promesa de que se casarían, pero antes de llegar a Ciudad de México la obligó dar servicios sexuales en un hotel de Puebla, ahí una supuesta hermana del proxeneta la vigilaba y le quitaba el dinero que obtenía.
Trabajadoras sexuales independientes informaron a integrantes de Brigada Callejera que había una joven que vivía bajo amenaza, esclavitud sexual y era constantemente golpeada, la tenían en el hotel Veracruz, cerca de la avenida Anillo de Circunvalación.

Al estilo de las tiendas de raya, la joven veracruzana era sometida con deudas económicas impagables e ilógicas. Las personas que la tenían en condiciones de esclavitud le decían que tenía que pagar una deuda que en ningún momento decidió adquirir, le cobraron 2 mil 500 pesos por unos huaraches y mil 500 por un vestido.

La víctima intentó suicidarse pero sus captores lo impidieron. Los padres de la joven la habían reportado como desaparecida desde hace seis meses.

Elvira Madrid, denunció negligencia de las autoridades en este caso, esto debido a que las autoridades de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas señalaron no poder avanzar en el caso debido a la que la víctima padecía de sus facultades mentales. La joven regresó a su hogar sin que hasta la fecha se encarcele a los responsables de la esclavitud sexual que vivió.

El caso mencionado provocó el enojo de los proxenetas quienes fueron a las oficinas de la Brigada Callejera a amenazar a los integrantes de la organización.

La Zona Galáctica
Un camino de terracería conduce a un área bardeada con alambre. Alrededor no hay casas, hospitales, escuelas o alguna estación policiaca. En la entrada de ese terreno enclavado en la periferia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un letrero anuncia a quien se acerca que ha llegado a la “zona de tolerancia”, o como popularmente la conocen, la Zona Galáctica.

La actividad sexual que aquí se practica está regulada por el gobierno de la capital chiapaneca y genera ingresos no solo para las mujeres que ejercen el sexoservicio sino para un amplio sector: transportistas, vendedores de comida, cantineros, policías y el propio ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Las autoridades municipales no solo cobran la entrada al lugar, también el estacionamiento, uso de baños, derecho de piso a los comerciantes ambulantes y las tarjetas sanitarias que necesitan unas 120 mujeres para ofrecer sus servicios sexuales.

“Sabemos que los patrones delictivos de la trata de personas cambian y las estrategias para su combate requieren de elementos innovadores. Por ello, impulsamos las capacidades e inteligencia del Estado con una estratega renovada que previene, persigue y sanciona estos delitos”, afirmó.
Dos trabajadoras sexuales que laboraban en la zona de tolerancia desde su fundación denunciaron a Gilberto Barrera Gaitán, por el delito de lenocinio y trata de personas, el sujeto es director de la preparatoria uno de la entidad y durante años ha cobrado el acceso a los módulos (cuartos), donde se ofrecen servicios sexuales en la zona tolerada.

La propiedad de dichos módulos no se ha acreditado, antes de que existiera la zona de tolerancia este espacio era tierra ejidal, no obstante particulares cobran el uso en tierras ejidales. Barrera Gaitán también ha sido acusado por madres de familia y alumnas de la preparatoria que lo han señalado por el delito de acoso sexual.

Barrera Gaitán expulsó, amedrentó y amenazó a trabajadoras sexuales de la zona galáctica, por los hechos las trabajadoras sexuales levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Chiapas. Hasta la fecha las autoridades no han resuelto la carpeta de averiguación con el número 0001–101–2601– 2021, que deriva de la denuncia que interpusieron las trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia luego de ser violentadas y expulsadas de su lugar de trabajo sin poder llevarse sus pertenencias.

En Chiapas aún existe un tarjetón de control sanitario que tiene un costo de 400 a 600 pesos. Además, se les cobra quincenalmente 100 pesos una revisión médica, ambos costos para permitir que las trabajadoras sexuales laboren. El dinero recaudado va a parar a las arcas del gobierno, no obstante, ese dinero que tienen que pagar las trabajadoras sexuales no es el único y de manera recurrente se les extorsiona en los operativos que realizan las autoridades.

“No pueden obligarlas a hacerse los estudios, eso es discriminación. El dinero que recauda el municipio es una muestra de que el mayor lenón es el Estado”, explica Elvira Madrid.

Segob atiende a víctimas
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reafirmó que la reciente firma del convenio suscrito con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contribuye a prevenir, combatir posibles actos de corrupción y reducir la capacidad de operación de grupos delictivos involucrados con los delitos de trata de personas.

“La protección de los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno de México y una deuda con las personas que padecen, son víctimas y demandan vivir libres y en paz”, sostuvo.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la titular de la dependencia subrayó que una de las prioridades del actual gobierno es atender a las víctimas con políticas de corte humanitario, cercanas a sus necesidades, restituyendo los derechos violentados y resarciendo los daños emocionales y físicos que ha sufrido.

Destacó que la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) colabora en la identificación y auxilio a personas migrantes víctimas de trata.

La secretaria Olga Sánchez Cordero puntualizó que las estrategias de comunicación social trabajan para que las personas distingan diversos métodos usados por las redes criminales de traficantes promoviendo la denuncia y los medios disponibles para hacerlo.

““En este sentido, les informo que la página oficial de la comisión intersecretarial (Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos) ha sido actualizada. La información pública presentada fortalecerá la difusión de los mensajes para hacer conciencia sobre estos delitos”, agregó.

Agradeció la colaboración internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en México, relativa a la operación de los albergues, refugios y casas de medio camino que asisten a las víctimas de trata. Con su aporte se estabilizan procesos de atención y apoyo, mediante su operación con perspectiva de género y derechos humanos.

La titular de Gobernación detalló que, a nivel mundial 80 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres, niñas y niños, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la UNODC 2020.

Agencias