Coahuila se pronuncia a favor de la regulación del outsourcing

La prohibición del Outsourcing representa un daño económico irreversible, así como la perdida de inversiones y de fuentes formales de empleo para todo el país y desde luego para Coahuila.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que en la entidad su gobierno no está en contra de regular esta figura para eliminar las malas prácticas que pueden que pueden vulnerar los derechos de los trabajadores, así como evitar la defraudación fiscal por parte de las empresas que hacen un mal uso de ella.

Puntualizó que eliminar el Outsourcing, en las condiciones en que lo plantea el gobierno federal, provocaría que diversos sectores económicos y empresas, pierdan competitividad, desalentando además la inversión extranjera directa.

“Respecto a esto último, me han informado que representantes de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos, coincidieron en que llegar a prohibir este modelo de trabajo, sería muy peligroso ya que pudiera verse seriamente afectada la relación comercial entre los países integrantes del T-MEC”, advirtió.

El mandatario coahuilense añadió que, en nuestro país, distintos organismos empresariales se han manifestado en el mismo sentido y su pronunciamiento es a favor de cualquier esfuerzo que se haga para acabar con las actividades fraudulentas del Outsourcing, pero lo anterior, sin perder de vista, que existe una muy importante actividad económica detrás, así como de generación de empleo formal y digno, creado a través de la subcontratación laboral, la cual debería regularse no eliminarse.

“Desde mi gobierno, estimamos que, de aprobarse dicha reforma, pudiera inferir en los compromisos establecidos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que la prohibición total de la subcontratación de personal generaría la activación del panel de controversias del T-MEC, para analizar una posible violación de los derechos laborales “, expresó Riquelme Solís.

Por lo que respecta al contexto nacional, la eventual aprobación de la iniciativa podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que estaría limitando la actividad laboral.

Agencias