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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Tijuana, Baja California, a garantizar el respeto a los derechos humanos y que se privilegien las acciones de seguridad y protección de los migrantes albergados en el campamento “El Chaparral”, ante la implementación de medidas restrictivas que limitan su ingreso a dicho recinto.
El gobierno de Tijuana colocó un cerco perimetral en el área de asentamiento con el fin de restringir el acceso, bajo el argumento de evitar una “situación catastrófica”, ya que se encuentra credencializando a los migrantes alojados en lugar.
Al respecto, la comisión nacional recordó que en marzo de este año solicitó la implementación de medidas cautelares, emitidas a diversas autoridades federales y del estado de Baja California, con el objetivo de que se brindaran condiciones óptimas a las personas en contexto de movilidad que se encuentran en ese sitio, otorgando protección y vigilancia para salvaguardar sus derechos humanos.
En seguimiento a dichas medidas cautelares, personal de la CNDH ha realizado múltiples visitas de trabajo al campamento “El Chaparral”, ocasiones en las que brindaron orientación y asistencia jurídica a los migrantes que así lo solicitan.
Durante las visitas, personal del organismo observó no hay presencia de autoridades estatales ni federales, y la zona del campamento se encuentra delimitada con un cerco perimetral de malla ciclónica; sin embargo, a algunas personas migrantes se les niega el acceso al campamento ante la falta de la credencial solicitada por elementos de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, que se encuentran resguardando el lugar.
Por tal motivo y ante la creciente posibilidad de apertura de esa parte de la frontera norte del país, la CNDH reiteró las medidas solicitadas a los titulares del gobierno de Baja California; de la Secretaría de Salud Federal; del Instituto Nacional de Migración; de la Coordinación Nacional de Protección Civil; de los Sistemas DIF Federal y del estado de Baja California; de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Así como a la presidencia municipal de Tijuana, a la que pidió de manera urgente implementar acciones a fin de que se habiliten lugares de alojamiento acorde al número de personas extranjeras varadas en ese sitio o, en general, que ingresen o arriben a esa zona, proporcionando espacios en condiciones dignas de acuerdo a sus necesidades particulares, y priorizando en todo momento la atención a las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y con algún tipo de discapacidad.
Agencias
