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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, a favor de Mario Aburto Martínez, entre las que se encuentra su traslado a un centro penitenciario cercano a su domicilio.
En concreto, la comisión solicitó las medidas precautorias para «salvaguardar la vida, seguridad, integridad física, a no ser víctima de actos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la no discriminación, y a la salud física, psíquica y emocional, así como a la calidad de vida en reclusión» de Aburto Martínez, quien se encuentra recluido en el Cefereso 12 en Ocampo, Guanajuato.
La CNDH refiere que Rubén Aburto Martínez denunció que su hermano no ha recibido «ni alimentos ni atención médica» desde su llegada a dicho Cefereso, «siendo que antes de ser trasladado fue contagiado de covid-19; sin embargo, no le brindan atención médica y el medicamento que necesita para su recuperación”.
Además, Rubén agregó que Mario es torturado cada año, en el mes de marzo, que es cuando se conmemora el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Por ello, solicitó información sobre la situación jurídica actual de su familiar, a fin de proveer el recurso legal correspondiente a su favor-
Al ser entrevistado por personal de la CNDH, Mario Aburto manifestó que “no hay separación (en el Cefereso) entre procesados y sentenciados» y acusó ser víctima de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
«Esta comisión destaca que los reclusos, procesados o sentenciados, a pesar de haber sido privados de libertad, deben conservan su derecho a tener contacto con sus familiares, amigos y con el mundo exterior», indicó la CNDH en su comunicado.
En ese contexto, añadió que los reclusos tienen derecho a purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, según lo señala el artículo 18 de la Constitución.
Por otro lado, manifestó que el derecho a la salud «integra no sólo la idea de curar enfermedad, sino también de prevenirla, por lo que el entorno físico y social adquiere relevancia dentro de este derecho».
Ante ello, llamó a las autoridades penitenciarias a «actuar de manera diligente, oportuna y con base en los principios de trato humano, dignidad y no discriminación».
«Por lo anterior y para evitar daños irreparables, las medidas cautelares ya fueron notificadas a la referida autoridad el día de ayer, 6 de mayo, por lo que esta comisión estará al pendiente a su respuesta y, de ser aceptadas, dará un seguimiento puntual a su implementación y cumplimiento, vigilando que se respeten sus derechos humanos», finalizó.
Agencias
