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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República, por violentar los derechos humanos de Israel Vallarta, tras ser detenido el 8 de diciembre de 2005. Pidió una reparación del daño integral y adecuado a los términos de la Ley General de Víctimas
Según la comisión, Vallarta fue torturado por los elementos policíacos vestidos de civiles e incluso lo hicieron responder preguntas de reporteros en una transmisión en vivo. Por lo que detallaron, es importante, que sea registrado en el Registro Nacional de Victimas, se le brinde atención médica y psicológica, que la fiscalía colabore en dicho trámite y que dé seguimiento a las quejas ya presentadas en contra de los servidores públicos involucrados.
Después de 15 años del caso conocido como Florence Cassez, en el que Vallarta fue encontrado culpable por los delitos de secuestro, y en el que se han reportado una serie de irregularidades, tras una investigación la comisión determinó que la intensión de los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) agravió la integridad de Vallarta después de que al ser detenido cuando circulaba por la carretera México-Cuernavaca para una revisión”rutinaria”, sin embargo, fue llevado a la Ciudad de México, donde fue torturado hasta que fue incriminalizado como responsable de varios secuestros.
Un día después de obtener su inculpabilidad, el 9 de diciembre de 2005, los elementos trasladaron a Vallarta a su domicilio donde elementos de una televisora lo esperaban para que respondiera preguntas.
Por lo que la comisión también pidió que la fiscalía dirigida por Alejandro Gertz, investigue y resuelva la responsabilidad de la entonces AFI, para que estos actos no queden impunes, pero también que implementen políticas de comunicación dirigida a los agentes de Ministerio Publico Federal, policías, así como a disposiciones legales vigentes y protocolos para que estos actos no vuelvan a suceder.
“Este Organismo ha señalado en reiteradas ocasiones que la persecución y sanción de los delitos debe realizarse siempre en el marco de la ley u el respeto de los derechos humanos y ha enfatizado la importancia de que las conductas ilícitas de las personas del servicio público también sean motivo de investigación y sanción para evitar impunidad”, afirmó la CNDH a través de un comunicado.
Agencias
