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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra, prepara un informe en el que cuestiona la investigación que realizó la Oficina Especial para el Caso Iguala en la administración presidida por ex ombudsman Luis Raúl González Pérez, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El documento señala que lo que hizo esa oficina y que derivó en la recomendación 15 VG/2018 “no tiene definido ni el agresor ni los agredidos, ni el móvil del crimen, ni se tienen localizados a 41 de los 43 normalistas desaparecidos; lo que se tienen son actores y víctimas casuísticos”.
El borrador preliminar elaborado por la primera visitaduría, advierte que “los autores del informe y recomendación construyen una verdad jurídica a partir de declaraciones rendidas ante quien tiene fe pública, presentadas en condiciones que no se invaliden legalmente», señalando que «son los dichos de los policías y de los que fueron presentados como matarifes del crimen organizado los que se presentan como soporte probatorio”.
“No es admisible suponer que todo ello fue azaroso, sin racionalidad alguna y sin estructura y coordinación de mando; que se hayan movilizado centenas de militares policías federales, estatales y mandos locales, policías municipales y actores paramilitares y hayan participado de forma acéfala y manera casuística en una cadena de eventos incluyendo la realización de cuatro ataques registrados para cometer crímenes en agravio de más de cien personas, 20 de ellas heridas, seis de ellas víctimas de ejecución extrajudicial y 43 integrantes de un colectivo víctimas de desaparición forzada”, se indica en el documento.
Asimismo critica que la entonces Oficina Especial para el Caso Iguala se alejó de las víctimas y las organizaciones que llevan la defensoría de los padres de los normalistas desaparecidos, además de que no se investigó a los posibles autores materiales en el Ejército y en la Policía Dederal.
“Cuando lo actores materiales acusados son militares y policías de varias corporaciones – de los ámbitos federal estatal y municipal de cuando menos cuatro municipios Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco-, la investigación forzosamente debe incluir la cadena de mando cuando menos hasta el nivel de mando de un personaje que tenga poder de mando para coordinar una acción entre tantas corporaciones y con poder político para que quienes acaten sus órdenes en un acto criminal de gran envergadura”, se lee en el informe.
La primera visitaduría propone un nuevo informe del caso, analizando éste desde su contexto, y un nuevo enfoque sobre la narrativa de los hechos.
“Algunos de los puntos en los que que realizó la CNDH carece en lo esencial de este enfoque ya que no responde a las interrogantes que pudieran explicar como se orquestó este terrible “crimen de lesa humanidad”, puntualiza.
Agencias
