El sector obrero demandó ante la autoridad laboral el embargo de bienes en la maquiladora Componentes Universales, que tras más de cuatro décadas de operar en FINSA, aprovechó el fin de semana largo para sustraer lo que pudo antes de declararse en suspensión de actividades, dejando en desamparo a unos 600 empleados, lo que representa un serio impacto a la economía local.
Los trabajadores sindicalizados montaron guardias para salvaguardar las instalaciones, con la esperanza de que la empresa no haya sustraído toda la maquinaria, que sería su garantía para que les paguen el salario ya devengado, lo correspondiente al bono anual y por supuesto, su liquidación, que demandan al 100 por ciento.
“Huyen”
La sorpresa fue para el personal del primer turno, que desde las 05:00 de la mañana comienza a llegar, ya que la planta estaba cerrada y había un letrero en la entrada donde se indicaba que se suspendían labores hasta nuevo aviso, que se les pagaría lo correspondiente al martes como día laborado, y que disponían de un vehículo de transporte para que los regresara a su casa.
Algunos regresaron a seguir durmiendo en casa, otros se quedaron en el lugar con la subdelegada Lesly a cargo, mientras la delegada y una comisión acudían al sindicato para saber qué pasaba.
Triste noticia
Casi a las 13:00 horas, el secretario del trabajo, Jesús Sánchez, se presentó en la planta, en el Parque Industrial del Norte, para informar a los presentes que a través de un correo electrónico recibido a las 05:00 de la mañana, la compañía les avisaba de un cierre temporal de operaciones porque tienen problemas económicos, en parte porque el banco les había suspendido financiamiento.
En el mismo aviso, el patrón ofrece disponibilidad para negociar el pago del finiquito, así como la esperanza de reactivar en poco tiempo la producción.
Fue cuando, tras horas de incertidumbre, los trabajadores, algunos con 30, 35 y hasta 38 años de antigüedad, comprendieron que se quedaron sin trabajo, en promedio 600 entre los dos turnos y el personal de confianza.
Cumplirán
Enseguida, el secretario general, Juan Villafuerte, anunció que tras sostener una conferencia vía Zoom con los socios del corporativo, le informaron que están dispuestos a dar la liquidación a los trabajadores.
El representante sindical se justificó en que no tuvieron ninguna comunicación antes sobre el posible cierre, que fue una sorpresa para todos, y que de manera preventiva solicitaron a la autoridad laboral el embargo de las instalaciones, equipos, materiales y demás que permanecen en las instalaciones.
Los trabajadores, como Nicolás Ortiz, señalan que sabían que la maquiladora, donde elaboran balastros, lámparas led y otros materiales eléctricos, tenía problemas de liquidez, que a veces les faltaban algunos materiales para trabajar, pero creían que era normal, ya que eso ocurre hoy en otras empresas, pero las operaciones se mantuvieron de forma ordinaria, no hubo antes ni un rumor de cierre.
Algunos de ellos aún tienen pendiente por cobrar nueve mil pesos o más, dependiendo de su salario, de lo proporcional del bono anual, y temen que la empresa haya sustraído todo lo de valor, porque les han dicho que el fin de semana sacaron materiales y otras cosas.
En general, los obreros sólo quieren que se les indemnice al 100 por ciento, pero temen que el sindicato proteja más los intereses de Componentes Universales, porque se les hace sospechoso que no estuvieran al tanto de lo que ocurría en la planta.
300 cierres
Esta es la fuente de empleo más grande que se ha perdido, pero en realidad son poco más de 300 las que se han visto obligadas a cerrar porque además de los problemas económicos que se arrastran desde la pandemia, la actitud inflexible de las autoridades con respecto a la aplicación de la ley de uso de suelo, obstruye cualquier posibilidad de seguir operando.
José Joel Gómez, presidente de Canaco, informa que esta situación ha provocado un severo impacto en la economía, ya que solamente Componentes -cerrada ayer- deja de generar una derrama económica mensual por el orden de los 700 millones de pesos mensuales, en sueldos para 600 familias, más el importe de los intercambios comerciales que sostenía con proveedores de materia prima y servicios.