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Organizaciones civiles y dos estados de la República han presentado una veintena de recursos contra los libros de texto gratuitos para el ciclo 2023-2024 y así frenar su distribución; tres ya obtuvieron suspensiones: la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y los gobiernos de Chihuahua y Coahuila.
Faltan cinco amparos por resolver de la organización Suma por la Educación, en el Juzgado Primero, y Educación con Rumbo, en el Juzgado Séptimo, ambos en la Ciudad de México.
Así también, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, en el Juzgado Primero en Nuevo León; Consejo de Participación en la Educación, en Baja California, Juzgado Sexto, y Vía Familia, en Sinaloa.
También faltan por resolver más de una decena de amparos que han presentado en lo individual padres de familia contra los libros de texto.
Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, señaló que en total se presentaron seis amparos contra los libros de texto.
En el caso del amparo de la UNPF, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México con número de expediente 784/2023, es el único al que se le ha otorgado la suspensión definitiva dos veces, es decir, la suspensión definitiva que ya había ganado hacía varias semanas y luego se amplió la demanda ante los planes y programas que presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP) por decreto, y esa demanda ampliada la volvió a ganar en suspensión definitiva la UNPF.
“Las otras cinco organizaciones han puesto los amparos, fueron admitidos, pero los jueces no se han pronunciado, no han dado ninguna suspensión, pero tampoco lo han rechazado.
“Las dos controversias constitucionales de Chihuahua y Coahuila ya fueron resueltas, y se concedió la suspensión”, refirió Landero.
Calificó como extraño que los jueces no se hayan pronunciado por los cinco amparos.
“No sabemos si es un tema político o los juzgadores consideran que es suficiente con el que ya corrió de la UNPF o no se quieren pronunciar… Posiblemente es una precaución política”.
Miguel Ángel Ortiz, abogado constitucionalista y representante de Educación con Rumbo, dijo que la SEP ha interpuesto al menos tres recursos en contra del amparo de la UNPF, que no han surtido efecto.
Lo anterior ocurre porque hay un amparo admitido, una suspensión y ahora una sentencia definitiva, la cual establece que la elaboración de los libros de texto fue irregular.
El lunes pasado, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa, concedió el amparo a la UNPF por violaciones a la Ley General de Educación y otras normas.
Posteriormente, en redes sociales la SEP informó que fue notificada de la sentencia y precisó que no se encuentra firme y que interpondrá un recurso legal.
El abogado constitucionalista Francisco Burgoa resaltó que mientras ya se ordenó que los libros de texto gratuitos no se distribuyan por todo el país y remarcó que la SEP tendría que apurarse para presentar el recurso de revisión.
Añadió que eventualmente el tribunal colegiado pudiera estar tomando una determinación provisional, en el sentido de suspender los efectos de la resolución de la jueza o confirmando en tanto que se resuelva.
Cuestionado sobre la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se podrían seguir otras estrategias para distribuir los libros de texto gratuitos, como establecer tianguis y “mercados” para quienes sí quieran recibirlos pese a las prohibiciones legales al respecto, el abogado indicó que es interpretativo.
Abundó que no habría una violación a la suspensión porque la SEP tiene la obligación, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), de hacer la entrega con un fin específico para las escuelas y la enseñanza de los niños.
“Si se entregan casa por casa sería al azar, no con el propósito de identificar si hay niños de primaria… Si fuera de esa forma se podría considerar que se estaría violando la suspensión”, añadió.
Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que no hay impedimento legal de utilizar los libros por lo que ha declarado la SEP. “Llegaron los libros de primero a cuarto año, antes del receso escolar y nos informaron que este fin de semana llegan los de quinto y sexto años… Se les informa a los padres de familia y aclaremos las dudas”, externó el secretario.
Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incap), señaló que jurídicamente podría venir una serie de sanciones para las autoridades que hayan tenido participación en la distribución de los libros, por lo que se puede imponer una serie de sanciones que pueden ir desde multas hasta la determinación de un delito.
Agencias
