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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Tribunal Federal que ordenó la reaprehensión de Héctor Luis El Güero Palma Salazar consideró que el secretario en funciones de juez que absolvió al narcotraficante “privó de valor las pruebas torales” con las que la dependencia fundó su acusación. Además, el secretario vulneró el principio de igualdad procesal en el procedimiento penal en detrimento de la FGR.
Por este motivo, apuntó, se ordenó revocar la sentencia absolutoria, por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento y ordenó al juez de la causa reponer el procedimiento.
“En el caso existe violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento que trascendió al resultado de la sentencia definitiva, en perjuicio de la Representación Social de la Federación”, detalló la dependencia.
MILENIO dio a conocer que José Luis González, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario con residencia en Zapopan, Jalisco, ordenó reponer el procedimiento para que se busque a dos testigos protegidos que declararon contra el capo, quienes por años seis años han permanecido ilocalizables.
Los testigos que el magistrado federal ordenó localizar responden a los nombres clave de “Julio” y “César”. El primero de ellos es Marcelo Peña García, cuñado del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y el segundo es el empresario sinaloense Javier Burgueño Uría, quienes en años anteriores fueron buscados en México y Estados Unidos para que declaren.
Ambos testigos declararon contra Palma Salazar y lo señalaron de estar detrás de un cargamento de 3 mil 288 kilos de cocaína que fue asegurado el 19 de julio de 1999, en Tecomán, Colima.
Así como de una avioneta con 12 millones de dólares, en San Luis Río Colorado, Sonora, el 12 de octubre de 1995; también lo señalaron de estar detrás del homicidio del subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, y su escolta José Cruz Guerrero, crimen cometido el 18 de mayo de 1995.
De igual manera, lo acusaron por el robo de droga en la subsede de la Delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en San Luis Río Colorado, Sonora, el 21 de mayo de 1997.
Sin embargo, el juzgado de primera instancia determinó absolver a El Güero Palma porque las declaraciones ministeriales de los testigos colaboradores fueron rendidas en diversas indagatorias y no forman parte de la causa penal que se instruyó al narcotraficante por delincuencia organizada.
Agencias
