Archivan denuncias por daño y vandalismo contra escuelas

Durante los últimos dos años, cuando la mayoría de las escuelas estuvieron cerradas por razones sanitarias, se presentaron 20 denuncias por robo y daño en propiedad ajena ante el Ministerio Público, pero no hay ningún tipo de investigación al respecto, a la autoridad ministerial esos casos parecen no interesarle.
En consecuencia, los delincuentes cada vez cometen fechorías más graves en las instituciones educativas, tal vez el incendio de un salón en la primaria Lázaro Cárdenas del Río, fue uno de los más agresivos.

Pendiente
Al respecto, el supervisor de la zona 63, profesor José Díaz Sánchez, informa que presentaron cargos por el daño a la infraestructura escolar, aunque básicamente como cuestión de trámite, para justificar la petición de fondos para la restauración del aula, ya que están conscientes que no tienen apoyo de la fiscalía.
Menciona que no es un caso aislado, porque van al menos 20 casos de daños a otras instituciones, por saqueos y vandalismo, que se han denunciado ante la autoridad investigadora, y que debieron ser archivados, porque al menos no han actuado.
Debido a esto, el saqueo y el vandalismo en escuelas en Matamoros se ha vuelto una costumbre, pues la autoridad encargada de la procuración de justicia no ha logrado esclarecer un solo caso, son situaciones que han dejado impunes.
Consecuentemente los bandidos regresan a robar o causar daños a cada institución cuantas veces se les antoja. En una sola institución, han acudido 10 veces a vandalizar.
En una primaria por ejemplo, los pillos demolieron una pared para poder sustraer un refrigerador y otros electrodomésticos. A ese grado llegaron, actúan con total impunidad porque se sienten intocables.

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En el caso específico de la primaria Lázaro Cárdenas del Río, donde se incendió un salón de clases, las autoridades investigadoras todavía no hacen sus estudios de campo.
Se ha improvisado un espacio para que los niños reciban clases, mientras se define si es seguro volver a utilizar el aula incendiada.
La comunidad escolar ya perdió la fe en las autoridades de la Procuraduría del Estado, mientras los delincuentes saben que tienen amplia libertad de actuar con total impunidad en agravio del patrimonio de las instituciones.
Afortunadamente sólo se ha tratado de daños materiales, pero si no se hace algo para desalentar este tipo de actividad antisocial, la situación puede empeorar.