ElBravo_Notas_728x90_1
Las oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) manifestaron su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.
De acuerdo con las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la aplicación de esta norma ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación crítica. Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México.
Además de las devoluciones en frontera, las agencias denunciaron que desde la semana anterior dieron inicio vuelos desde Estados Unidos hacia el sur de México con personas expulsadas bajo Título 42. Esta nueva medida fue catalogada por las instancias como una acción que sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución.
En ese sentido, las Agencias de Naciones Unidas reconocen que la realidad de la movilidad humana en la región es compleja y que, en el caso de México, se requiere atender movimientos migratorios mixtos, que incluyen personas con diferentes necesidades, edades y perfiles, tales como personas en situación migratoria irregular, personas en necesidad de protección internacional, apátridas, mujeres y personas LGBTI+, discapacitados, víctimas de violencia de género, sexual, de trata y otros delitos, así como niñas, niños y adolescentes no acompañados.
Al respecto, detallaron que con 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo tan sólo en el mes de julio, más de 70 por ciento en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018.
“Esta situación representa un enorme reto para México, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo. De igual modo, la llegada de miles de personas migrantes en tránsito, que son retornadas o que han elegido a México como país de destino, requiere de políticas públicas centradas en las necesidades particulares de las personas migrantes y refugiadas y generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras”, expresaron las cinco agencias.
Finalmente, recordaron que las personas en situación de movilidad tienen necesidades específicas y enfrentan retos particulares que deben ser considerados en las medidas de protección, por ejemplo, las mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a ser víctimas de violencia de género, incluyendo violencia sexual y desaparición forzada con fines de trata y explotación sexual.
Agencias
