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Aceptar las políticas migratorias de Estados Unidos vulnera el derecho a solicitar y recibir asilo, exponiendo a las personas en movilidad a abusos y violaciones de derechos humanos, según alertaron diversas organizaciones de la sociedad civil.
En una carta respaldada por más de 80 entidades y defensores de derechos humanos, instaron a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, a no suscribir acuerdos adicionales con Estados Unidos que incrementen las expulsiones de personas.
Subrayaron la necesidad de implementar una política exterior coherente en derechos humanos y una gestión migratoria de responsabilidad compartida para garantizar el tránsito de personas.
Recordaron que, a pesar de ser partícipes de la Declaración sobre Migración y Protección, ambos países transgreden legislaciones nacionales e internacionales sobre asilo.
“Ambos países, en negociaciones poco transparentes, han acordado regresar desde Estados Unidos a México hasta mil personas al día de nacionalidad cubana, nicaragüense, venezolana y haitiana”, acusaron.
Señalaron políticas migratorias como «Quédate en México» (MPP por sus siglas en inglés) y la aplicación del Título 42, como causantes del aumento de expulsiones sin opción de asilo.
Por un lado, denunciaron que el protocolo “Quédate en México”, que operó de 2019 a 2020, retuvo a 72 mil migrantes en la frontera con Estados Unidos, mientras esperaban su proceso de asilo, quienes “sufrieron diversos delitos violentos y no pudieron acceder a la justicia”.
Bajo el Título 42, se registraron más de 2 millones de expulsiones expeditas en tres años, según acusaron.
Criticaron que el gobierno mexicano aún no ha difundido una política para recibir a las personas devueltas, ni pautas para garantizar los derechos de quienes regresan, tras omisiones señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.
“Seguimos sin conocer cómo el gobierno está garantizando el derecho a la regularización migratoria de las personas expulsadas a México; cómo se atienden las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y trabajo; cómo apoya a los albergues de la sociedad civil que han sostenido las necesidades de las personas expulsadas”, arremetieron.
Agencias
