Familiares de Belarmina Rodríguez Cordero, una mujer de 103 años, han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen las graves irregularidades y el presunto uso excesivo de la fuerza pública durante su desalojo, ocurrido el pasado 5 de diciembre.
De acuerdo con la denuncia, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado Civil Municipal basándose en un documento que adolece de vicios de legalidad, ya que en él se menciona como persona a desalojar a "Inés Angélica Cortés González", nombre que no corresponde al de la anciana.
A pesar de esta discrepancia fundamental, el personal judicial, acompañado por cuatro patrullas de la Policía de Tehuacán y elementos de la Marina, irrumpió de forma violenta en el domicilio mientras doña Belarmina, afectuosamente llamada "Mina" por sus cercanos, se encontraba durmiendo.
Un procedimiento marcado por presuntas ilegalidades
Los familiares, su hija, otro de sus hijos y sus nietos, sostienen que el operativo se realizó sin la más mínima verificación de identidad y al amparo de una orden judicial defectuosa.
Subrayan que, en México, solo un juez civil puede ordenar un desalojo legal a través de un juicio especial de arrendamiento, y que cualquier intento de despojo sin esta orden constituye un delito.
"Al aplicar la diligencia, no preguntaron por esa persona. Irrumpieron junto con otras personas de forma violenta", detallan los denunciantes, quienes también señalaron que en el operativo participaron activamente la nieta que inició el juicio, su hijo y el abogado que promovió el lanzamiento, todos ellos señalados como los responsables directos del desalojo.
Belarmina Rodríguez es la propietaria legítima de la vivienda ubicada en la calle 24 Sur y Valsequillo, en Tehuacán.
Sus familiares directos, quienes se encargan de su cuidado, aseguran que nunca recibieron un citatorio, notificación o apercibimiento previo que cumpliera con los requisitos legales. Lo único que hubo, acusan, fue un "lanzamiento arbitrario" que violó flagrantemente los derechos de la mujer centenaria.
"Es un atropello a los derechos de esta persona", afirmaron los familiares, quienes han interpuesto la denuncia correspondiente y se están asesorando con dependencias de gobierno que brindan asistencia en este tipo de casos para defender a doña Belarmina y señalar la responsabilidad del Juzgado Civil Municipal en lo que consideran un acto ilegítimo.
Ante estos hechos, la familia exige que las instancias superiores investiguen a fondo este caso y se proceda legalmente contra todos los funcionarios y particulares que, en su opinión, cometieron diversas violaciones en contra de una persona de la tercera edad en situación de gran vulnerabilidad.
La denuncia ya fue integrada a la carpeta de investigación inicial, y sus representantes continúan reuniendo y aportando pruebas del mal desempeño de los funcionarios que intervinieron.
Agencias
