La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión avanzó anoche en el Senado, al aprobarse en comisiones un dictamen que eleva de manera considerable las penas y establece la persecución de oficio de este delito, uno de los de mayor impacto en el país.
La propuesta, proveniente de la Cámara de Diputados, será discutida mañana en el pleno durante una segunda sesión vespertina.
A partir de este dictamen, las víctimas podrán presentar denuncias anónimas y contarán con mayores mecanismos de protección.
Además, la minuta incorpora cambios de fondo en 25 artículos, lo que permitió el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.
Endurecimiento de penas y nuevas agravantes
El eje central de la reforma es el incremento del tipo penal básico, que pasará de un mínimo de 15 a un máximo de 25 años de prisión.
A partir de ese punto, se aplicarán aumentos según 34 agravantes relacionadas con las distintas formas de extorsión.
La mayor penalidad alcanzará los 42 años y estará destinada a quienes operen desde centros penitenciarios, se identifiquen como integrantes de grupos criminales o recurran a violencia física o moral, incluido el esquema de montachoques para simular accidentes vehiculares y exigir pagos.
Otro rango de penalidad llegará hasta 37 años para quienes extorsionen a grupos de migrantes o utilicen información privada de las víctimas.
También se contempla sanción de hasta 33 años para quienes realicen cobro de piso a sectores empresariales, industriales, comerciales o agropecuarios, así como a quienes exijan pagos a candidatos o funcionarios electos.
Durante la revisión del proyecto, también se ajustó la pena aplicable a agentes del Ministerio Público, policías o custodios que omitan denunciar hechos de extorsión. La sanción se mantendrá en un rango de 10 a 20 años, luego de que la Cámara de Diputados buscara disminuirla.
Uso de celulares en penales y consenso legislativo
El dictamen contempla sanciones de seis a 12 años de prisión para personas privadas de la libertad que utilicen dispositivos electrónicos —incluidos teléfonos celulares— desde los que puedan operar esquemas de extorsión, así como para los funcionarios que permitan su ingreso a los centros penitenciarios.
Senadores de todos los grupos parlamentarios coincidieron en que este delito requiere persecución oficiosa, debido a que alrededor de 97% de los casos no se denuncia por temor a represalias.
Legisladoras como Carolina Viggiano (PRI) y Guadalupe Murguía (PAN) subrayaron la necesidad de garantizar financiamiento y protección a las víctimas, mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, aseguró que el presupuesto 2026 contempla los recursos necesarios.
La discusión también generó roces entre el PVEM y Morena, luego de que el senador Luis Armando Melgar señalara que su bancada apoya, pero “sin ser palera”, y que en seguridad “apenas se empiezan a hacer las cosas bien”. Sus declaraciones fueron refutadas por la senadora María Guadalupe Chavira.
El dictamen quedó listo para ser votado mañana, con la expectativa de convertirse en uno de los instrumentos más estrictos contra la extorsión en México.
Agencias
