Una propuesta de reforma recien anunciada que promete cambiar para siempre el medio ambiente mexicano generó dudas, muchas dudas entre quienes tienen autos chocolate pendientes por ser regularizados por el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO): El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prohibió la importación de algunos vehículos.
La principal pregunta entre quienes se dedican incluso a importan autos chocolate de Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, para comerciar con ellos; o de quienes lo hacen a modo de uso personal para legalizar en el Registro Público Vehicular (Repuve) es: ¿afectará a las actuales reglas de operación estableción DOF?
¿De qué trata la iniciativa de reforma?
Bajo el techo solemne de la Secretaría de Economía, el rugido de los motores viejos comenzó a apagarse. Era el 4 de noviembre de 2025, cuando Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, tomó la palabra frente a representantes del gobierno y del sector privado para sellar un acuerdo que promete cambiar el rumbo del transporte nacional: México prohíbe la importación de vehículos diésel antiguos y altamente contaminantes.
El evento, titulado Recepción del Acuerdo sobre Condiciones Ambientales en la Importación de Vehículos Usados, reunió a figuras clave: Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Francisco Cervantes, presidente del CCE; Miguel Ángel Martínez Millán, líder de la Canacar; Luis Hernández, director de Autotransporte Federal; y los especialistas Sergio Zirath y Carlos Castillo, quienes dieron forma técnica a la iniciativa.
El mensaje fue contundente: la era de los “autos chocolate” contaminantes está llegando a su fin. Ya no habrá paso para camiones ni autobuses diésel que superen los 10 años de antigüedad o que no cumplan con los estándares ambientales internacionales. El acuerdo busca limpiar el aire, modernizar la flota nacional y cumplir con la meta más ambiciosa del sexenio: descarbonizar la economía mexicana.
El desafío no es menor. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones, el transporte genera el 23% de los gases de efecto invernadero del país, y aunque los vehículos diésel representan menos del 5% del parque vehicular, son responsables del 61% de las partículas contaminantes que flotan en el aire de las ciudades. En el 97% de las urbes evaluadas, los niveles de partículas finas ya superan los límites permitidos.
El acuerdo se inscribe dentro de la política ambiental impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho de la sustentabilidad un eje central del Plan México. Su visión es clara: un país donde el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la salud pública convivan en equilibrio con la naturaleza.
Desde enero de 2025, todos los vehículos pesados nuevos a diésel están obligados a incluir filtros que eliminan más del 95% de las partículas, un requisito que coloca a México a la altura de los estándares ambientales internacionales.
¿Y la iniciativa privada?
El acuerdo, respaldado por la iniciativa privada, no solo detiene el ingreso de unidades viejas: también incentiva la renovación del parque vehicular, mejora la calidad de los combustibles y fortalece la competitividad del autotransporte mexicano en un mercado global que se mueve hacia la electrificación.
“No se trata de frenar el desarrollo, sino de respirar un aire más limpio y construir una economía moderna, limpia y justa”, expresó Bárcena durante su intervención, en un tono que combinó la urgencia ambiental con la esperanza de transformación.
Este paso, considerado un hito ambiental y social, marca el inicio de una nueva ruta para México: un país que busca prosperar sin contaminar, producir sin destruir y transportar sin envenenar el aire que respira.
Agencias
