Cuando los residentes del estado de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México el próximo mes, Leopoldo Chávez estará en la papeleta para juez federal pese a los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos.
Chávez fue condenado por delitos relacionados con drogas: contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. Durango forma parte del Triángulo Dorado mexicano, una región controlada por cárteles en la que se cultiva marihuana y amapola.
Nunca me he vendido antes ustedes como el candidato perfecto", dijo Chávez en un video que compartió en Facebook, aseveró que no tenía nada que ocultar y que había cumplido su condena. Declinó hacer comentarios a Reuters.
En el cercano estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar de que la última vez que ejerció como juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción.
Dijo a Reuters que las acusaciones eran "calumnias y difamaciones". "Que me juzgue el pueblo", señaló.
Alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos federales, incluidos todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Sin embargo, a poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Agencias
