Varios migrantes que viajaban en los vuelos de deportación implementados bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por el expresidente Donald Trump a El Salvador, declararon que las autoridades salvadoreñas no los aceptaron y terminaron siendo regresados a los Estados Unidos, según revelan nuevos documentos judiciales.
Entre los testimonios presentados ante el juez federal James Boasberg, una mujer venezolana relató que, tras aterrizar en El Salvador, ella y otras siete mujeres fueron enviadas de vuelta a suelo estadounidense. Según su declaración, le informaron que “el presidente de El Salvador no aceptaría mujeres”.
Otro caso es el de un migrante nicaragüense, quien viajó en uno de los vuelos del 15 de marzo y posteriormente fue retornado a la Unión Americana. Este testigo aseguró haber escuchado a un funcionario salvadoreño explicar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que El Salvador “no detendría a alguien de otro país centroamericano debido al conflicto que causaría”.
Cabe destacar que estos testimonios forman parte de la revisión que realiza el juez Boasberg sobre el posible incumplimiento de su orden del 15 de marzo, la cual exigía la repatriación de cualquier vuelo con venezolanos deportados bajo la controvertida proclamación de Donald Trump.
El Gobierno argumentó que revertir el curso de los aviones ya en vuelo era inviable por “graves problemas de seguridad nacional, regulatorios y logísticos”. Sin embargo, los abogados de los migrantes sostienen que las nuevas declaraciones “refutan” esa postura.
De hecho, la mujer venezolana detalló que, minutos después del despegue desde Laredo, Texas, escuchó a dos funcionarios discutir la orden judicial. Uno de ellos habría dicho: “hay una orden que dice que no podemos despegar, pero ya lo hemos hecho”.
Además, abogados cuestionaron la legitimidad de la proclamación, señalando declaraciones recientes de Trump en las que afirmó no recordar “cuándo se firmó”, asegurando que no fue él, sino que “otras personas se encargaron de ello”.
Mientras tanto, el caso sigue su curso en dos frentes: un tribunal de apelaciones evalúa una petición del Departamento de Justicia para suspender la orden de Boasberg que frenaba las deportaciones, mientras el juez avanza en su análisis sobre la legalidad de las acciones gubernamentales, rechazando hasta ahora las solicitudes de anulación de sus resoluciones previas.
Agencias
