Detalló que este requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde "al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias".
Además, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, como presunto autor del delito de organización criminal y colusión simple, y contra el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, como presunto autor del delito de organización criminal.
Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido por dar un fallido autogolpe de estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario mientras este es investigado por los delitos de rebelión y conspiración.
Ahora, la Fiscalía ha solicitado 36 meses de preventiva, pero esta vez por presuntamente encabezar una organización durante su gobierno dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el ex mandatario, un paso previo necesario.
El expresidente ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.
La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el ex mandatario que aprobó el Legislativo recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El ex pendiente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Agencias
