Con el nuevo gobierno en Tamaulipas se promovería una auditoría general a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, para conocer el estado que guardan sus finanzas, su operatividad y los servicios que ofrece a la población, porque dejó muchas dudas la intención que tenía la administración en turno por evitar que se revisara su manejo por los próximos seis años.
Sin blindaje
El diputado Isidro Vargas informa que luego de que el Tribunal Electoral determinara que no era procedente la integración de una “superfiscalía”, la conformación de la diputación permanente del Congreso del Estado, quedaron sin efecto muchos acuerdos que las bancadas del PAN, PRD y PRI habían tomado el 30 de junio, como la aprobación de más de 40 cuentas públicas de municipios y organismos descentralizados, sin que se revisaran realmente, no a fondo al menos.
Son situaciones que pasaron muy apresuradamente, “al vapor”, por lo cual reflejan que había la intención de no considerar realmente los números que se presentaron.
Ya que uno de los acuerdos revocados consistía en que el gobierno en turno nombraría a los gerentes de Comapas y la JAD para los próximos seis años, confiaban en que no tendrían inconvenientes con dichas cuentas, pero ahora, sólo han arrojado más dudas que se deben despejar.
Más que poder hacer una revisión, que eso es algo que por ley debe proceder, considera que todo esto que ha pasado ha sido justicia para Tamaulipas, para los ciudadanos, porque no se permitió una alteración a las leyes para favorecer posibles malos manejos.
Procedimiento
Consideró que lo que sigue es simplemente darle el curso legal a cada cuenta pública, a lo cual no será ajena la Junta de Aguas y Drenaje, con lo que se busca dar legalidad a tales documentos, o en su caso, proceder en consecuencia si hubiera alguna irregularidad.
Durante la administración anterior y la actual, el gobierno municipal no ha logrado participar en la toma de decisiones en el Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje, pero con el acuerdo del Tribunal Electoral, la situación podría cambiar, ya que no contarán con el mismo poder político para oponerse a la intervención del Ayuntamiento en el consejo.
