Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar investigaciones hasta que el Congreso de la Unión cree comisiones de investigación son algunas de las acciones a tomar si la consulta popular del 1 de agosto obtiene el 40 por ciento de participación ciudadana y la mayoría avala un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, explicó Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“La ley dice que el INE informa a la Corte sobre el resultado y si es mayor al 40 por ciento la participación ciudadana, y si la respuesta es positiva, la Corte lo comunicará al poder Legislativo y Ejecutivo para que tomen decisiones y éstas pueden ser múltiples: pedirle a la Fiscalía General de la República que inicie investigaciones, obligar al Congreso de la Unión a promover una reforma que estableciera comisiones de investigación para cada periodo presidencial del pasado y no solo de ex presidentes, sino de los principales funcionarios de cada etapa del pasado.
“Y lo importante de estas comisiones de investigación, más allá de que se vaya a procesar a las personas, es que la sociedad sepa cosas que no sabemos”, indicó en entrevista.
La ley que rige la actual consulta popular deja abiertas las alternativas de acciones para cumplir con el mandato que otorgue el resultado, en caso que la mayoría decida por el sí, abundó el jurista.
“La ley secundaria que regula la consulta, y que es la que se va aplicar en este caso, es una ley que deja abierta, puede haber muchas alternativas, mencionamos dos, pero también puede implicar la aprobación de reformas constitucionales, reformas legales, por ejemplo, que prohíban la privatización indiscriminada de recursos naturales, en fin, pueden derivarse en muchas consecuencias, muchas alternativas”, añadió.
Recordó que las acciones pertinentes tomadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo para cumplir con la decisión de la ciudadanía respecto a la pregunta de la consulta deben de informarse a la población y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Como es vinculante, si se alcanza el 40 por ciento, tienen que informar formalmente a la Corte y a la ciudadanía, pues qué medidas, soluciones se van a adoptar en cumplimiento al resultado vinculante de la consulta.
“Tendrán, no solamente (que informar) que decisiones van a tomar sino tendrán que fundarlas y motivarlas, deberán decir por qué escogieron estas alternativas y no otras”, abundó.
Consulta no es un ejercicio superficial
Sin necesidad de la consulta del 1 de agosto se pueden presentar denuncias contra actores políticos del pasado, reconoce el también ex consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral (ahora INE), “pero la consulta busca, así lo entiendo, darle una gran relevancia social, política al tema de pasado”.
“Lo importante es garantizar el derecho a saber, el derecho a la verdad: ¿qué ocurrió en esos sexenios? ¿Gobernaron realmente esos ex presidentes en beneficio de ciudadanos o alguna élite? Todo eso es muy relevante para curar heridas, perdonarnos entre los mexicanos, reparar el daño cuando sea posible, otorgar garantías de no repetición, y vislumbrar el futuro que podemos proponer o desear.
“No es un ejercicio superficial que no vaya a tener consecuencias, tal vez las consecuencias más importantes no sean penales sino las relacionadas a la verdad”, expuso.
Agencias
