Cuando ya se analiza la transición de Matamoros a la fase dos de la pandemia de coronavirus y la reactivación económica en general, se gesta en el sector productivo un nuevo problema social que pudiera considerarse como una violación a los derechos humanos, porque ya no quieren contratar personas consideradas “vulnerables”.
Siituación
Son trabajadores que por su condición de cesantía, por padecer diabetes, alta presión y otras enfermedades crónico degenerativas, así como las embarazadas, se les envió a casa durante el inicio de esta emergencia sanitaria, pero a muchos definitivamente se les dio de baja, explica Cirila Quintero, del Colegio de la Frontera.
A este grupo ya no le quieren dar ocupación, porque ante cualquier eventualidad, se convierten en un gasto solamente, por lo cual ahora sufren de discriminación, se les margina de su derecho al trabajo digno y honrado.
Otros grupos habían sufrido lo mismo, por ejemplo los discapacitados, personas con diferente orientación sexual, y en algunos puestos laborales, las mujeres, especialmente embarazadas.
El motivo
El grupo vulnerable son personas que para algunas empresas han representado una fuerte carga económica porque las más cumplidas o con mayor responsabilidad social, las han mantenido en resguardo domiciliario, pero les siguen pagando el salario en el mejor de los casos, ya que el Gobierno de Tamaulipas decidió extender la fase uno de la pandemia.
En otros, se les envió a casa sin sueldo, o con un porcentaje, con la opción de regresar cuando el patrón lo ha requerido.
Después de esta experiencia, que vista desde el lado del empresario también es muy crítica porque tienen que soportar esta carga económica sin que le produzca nada, se han generado situaciones de despido negociado, justificado o no, de estos empleados en condición especial.
Algunas empresas contrataban bajo el esquema de honorarios a personas ya jubiladas, y su procedimiento ha sido el mismo, simplemente darles las gracias.
Surgimiento
Una situación que agravó este fenómeno, es que por ejemplo en las maquiladoras, muy pocos obreros reportaban padecimientos que no son detectados en el examen médico al ser contratados, otros los desarrollan durante su estancia en la planta, por ejemplo la obesidad. Para no pedir permisos y perder horas de trabajo, la gran mayoría no acudieron al Imss para el tratamiento, el personal de salud de las fábricas no sabía que estuvieran enfermos.
Pero cuando el Gobierno Federal anunció que los patrones tenían la obligación de dejarlos ir a su casa con su sueldo y prestaciones, cientos de esos trabajadores aprovecharon para beneficiarse de esta medida, y tras justificar sus malestares crónicos, han recibido sueldo sin trabajar desde entonces, otros ya regresaron a sus puestos, otros ya quedaron desempleados.
En consecuencia, estas personas hoy no encuentran trabajo, lo relegan porque para el empleador son un factor de riesgo económico.
Muchos trabajadores no reportaban padecimientos ni acudían al médico, pero cuando pudieron beneficiarse de eso, aprovecharon ordenamiento federal de resguardo domiciliario
