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Mario Alberto Cervera López, exjuez de Compostela, Nayarit, fue detenido por la fiscalía estatal para presentarlo ante un juez por su presunta participación en el fraude con el que Infonavit despojó de sus casas a por lo menos 60 mil derechohabientes en ocho estados del país.
Cervera López fue citado a comparecer a una audiencia de imputación a principios de mes, pero no asistió y envió un justificante médico para explicar su ausencia.
Sin embargo, la fiscalía investigó el hecho y comprobó que la atención médica la había recibido el hermano del exjuez, por lo que se consideró que intentaba evadir a la justicia.
El viernes por la noche, personal de la fiscalía logró ejecutar una orden de aprehensión contra Cervera López para ponerlo a disposición de un juez de Control, quien consideró legal su arresto a pesar de que el exfuncionario promovió un amparo para tratar de no ser detenido.
Cervera López fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva para evitar que intente escapar de nuevo.
Por el momento se le acusa de cometer fraude específico.
Aunque por este caso hay vinculadas a proceso al menos siete personas —entre ellos dos exmagistrados y otro exjuez— sólo a Cervera López y a un abogado de la firma Molrod, Silber y Asociados se les ha dictado prisión preventiva.
El pasado 8 de mayo también fueron citados a una audiencia de vinculación a proceso los exjueces Braulio Meza Ahumada y Justino Rodríguez Barajas; sin embargo, no comparecieron, por lo que también podrían solicitarse órdenes de aprehensión en su contra.
Según la investigación de la fiscalía nayarita, los jueces involucrados actuaron firmando juicios maquilados fuera de los juzgados por un par de despachos de abogados contratados por Infonavit y, presuntamente, recibieron sobornos por hacerlo.
Además, funcionarios del poder judicial han señalado a los exmagistrados Pedro Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado de haber presionado para resolver los juicios irregulares en favor de Infonavit, apelando un convenio de “economía procesal” firmado entre el Poder Judicial de Nayarit y el Instituto de Vivienda.
Para la fiscalía de Nayarit ese convenio es irregular porque no pasó por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia para ser aprobado ni se publicó en el periódico oficial, además de que su contenido favorece al Infonavit, lo que implica una violación al principio de igualdad que debe imperar en todo juicio.
Agencias
