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12/10/18.- Las sanciones administrativas que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a ocho funcionarios la mayoría de nivel medio por el caso del socavón en el Paso Exprés no llegaron hasta el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, debido a que no hubo elementos para comprobar que este servidor público hubiera sido notificado previamente de las fallas que generaron el hundimiento.
Así lo indicó una fuente cercana a las investigaciones, que confirmó que las autoridades de la SCT trataron de obstaculizar las pesquisas al enviar a la SFP una serie de documentos desordenados o sin relación con el caso del socavón, cuando le solicitaron los expedientes al respecto, de la misma forma que lo hicieron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el informante –quien solicitó no revelar su nombre ni grabar la conversación–, las indagatorias realizadas sobre el tema únicamente lograron reunir evidencias documentales de que un residente de la obra había sido notificado por las empresas constructoras que había un tubo de drenaje muy maltratado y con filtraciones de agua, el cual podía afectar la estructura del libramiento carretero.
A pesar de que las dos compañías que construyeron el Paso Exprés advirtieron de dicho riesgo y propusieron soluciones técnicas que implicaban encamisar o recubrir la tubería dañada para evitar que colapsara, un funcionario de nivel medio simplemente dio la orden de continuar las obras sin reparar nada.
De acuerdo con la fuente consultada, en el curso de las investigaciones sobre el caso no lograron reunirse evidencias que comprobaran en forma fehaciente que dicho servidor público hubiera notificado a sus superiores acerca de este punto, ni que ellos, a su vez, hubiesen informado a los suyos en la cadena administrativa de mando.
Fue por ese motivo, dijo, que las indagatorias resultaron únicamente en la sanción contra siete servidores públicos de la SCT y uno de la Comisión Nacional del Agua –que incluyen suspensiones, destituciones e inhabilitaciones por tres meses, uno o 10 años–, sin llegar hasta los niveles de secretario o subsecretario.
Agencias
